Analistas consideraron que ante la dinámica de movilidad que se comienza a observar en la zona binacional frontera colombo-venezolana y que ha generado emociones entre los habitantes, ambos gobiernos deberían evaluar la creación de una placa fronteriza para los automotores.

Se recordó que en Táchira y Norte de Santander es normal que los ciudadanos residan de un lado, pero trabajen del otro, motivo por el cual va a ser recurrente la presencia de autos con matrículas colombianas y venezolanas en todo este territorio.

Así lo planteó Carlos Casanova, director del Centro de Estudios de Frontera e Integración de la Universidad de Los Andes, quien indicó que normalmente pudiera existir una placa para Colombia y Venezuela, en el sentido de buscar algunas soluciones.

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Por tanto, indicó que no se puede hablar de importar un carro desde Colombia cuando será utilizado en el Táchira y Norte de Santander, que tienen una dinámica distinta al resto del país y que debe correlacionarse con todos los aspectos de los ciudadanos.

Expresó que la apertura es un éxito, salvo a algunas excepciones por la normativa colombiana que deben cumplir los vehículos venezolanos, lo que obliga a las personas a tener previsiones como utilizar transporte público.

Expuso que uno de los puntos a tener en cuenta es que Venezuela se encuentra en desventaja frente a Colombia en materia de parque automotor, con carros con más de 10 años de envejecimiento, frente a los vehículos colombianos que son nuevos en todos los aspectos. En su concepto, esto debe llevar a Venezuela a buscar mecanismos para mejorar sus automotores tanto públicos como privados.

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Consideró que esta es una oportunidad de inversión para los colombianos y empresarios nacionales, que pueden dotar de vehículos nuevos a fin de reemplazar la envejecida flota que tiene Venezuela, puesto que hay un mercado potencial, lo que servirá para mejorar el transporte público venezolano.

Así pues, en lugar de verlo como una traba hay verlo como un esfuerzo que tienen que hacer inversionistas privados y que el gobierno venezolano debe atender, explicó el académico. Esto lo dijo frente a las exigencias del certificado que verifica el buen estado técnico-mecánico de los carros y motos.

En Ureña hay dos ensambladoras de transporte público y una en Michelena- refirió Casanova- por lo que desde ya deben sentarse a generar políticas de financiamiento de plazos de pagos, para estar acorde con esta exigencia colombiana.

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“Allí nosotros no podemos conformarnos con ser el hermano pobre, sino que tenemos que hacer el esfuerzo de ponernos en los estándares que los demás también están exigiendo”, añadió.

Esto obliga también a que Venezuela y Colombia puedan formular un seguro que funcione para Táchira y Norte de Santander, de tal manera que el SOAT que exigen, sea un seguro binacional, como parte de una política de integración.

“Si estamos hablando de un proceso de integración debería de existir un seguro que cubra a los vehículos colombianos como venezolanos”, dijo el especialista, por ello, consideró que las políticas binacionales deben darse de manera concertada.

El experto en la materia fronteriza dijo que hasta el momento no se han visto comisiones binacionales para atender los problemas que surjan, por lo que recomendó la creación de comisiones permanentes que vayan formulando políticas.

Anggy Polanco / Corresponsalía La Opinión

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