Un planteamiento de reforma a la Ley del Instituto de Policía del Estado Táchira, que discuten parlamentarios del Consejo Legislativo regional, propone que los funcionarios obtengan un porcentaje por cada cobro de multa que realicen. Esta propuesta genera controversia en la región y dentro del seno parlamentario.
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Según información suministrada por la parlamentaria de tendencia oficialista, Nellyver Lugo, el dinero que recoja el funcionario, de forma directa con la multa, se dividiría entre él, la institución policial y la Gobernación del Táchira.
La idea que sugiere la bancada oficialista es que los funcionarios tengan una fuente de financiamiento para los uniformados, y evitar que ellos utilicen otras maneras de obtención de recursos, por lo que consideran que la misma ley les dará los implementos necesarios a los policías para que hagan de manera directa el cobro de multas.
La bancada oficialista del Concejo Legislativo del estado Táchira, (CLET), recomendó la reforma a tres leyes, entre las que se incluyen la Ley del Instituto de la Policía del estado en Táchira, la Ley de Protección Civil y la Ley de Seguridad Ciudadana.
Según la diputada Nelliver Lugo, autora de la propuesta del cobro de porcentajes por cada multa, estas leyes deben adecuarse a las nuevas tasas impositivas, entendiendo el requerimiento de la Ley Tributaria y a las circunstancias del momento histórico.
Podría desencadenar corrupción
En contraparte, el diputado de la bancada opositora, Miguel Reyes, planteó en el seno de la plenaria entrevistar a los miembros de la Policía del Táchira, a fin de conocer la realidad por la que atraviesa dicha institución.
Reyes aseguró que la policía regional ha mermado en su número funcionarios activos, cuando Hugo Chávez llegó al gobierno existían casi 5.000 funcionarios, hoy no llegan a 1.000, debido a que han abandonado la institución.
El parlamentario advirtió que esta ley, que pretende aprobar la mayoría oficialista, podría desencadenar una arbitrariedad y abuso de autoridad de los funcionarios.
Argumentó que el Estado está obligado constitucionalmente a dar toda la logística suficiente y necesaria para que los funcionarios puedan prestar el servicio de manera óptima y no colocándolos a ellos a cobrar y a ganar por cada multa.
“Eso se puede desatar en una corrupción y matraca”, reiteró Reyes.