El comercio binacional entre Colombia y Venezuela manejaba hace una década cifras de más de 7 mil millones de dólares anuales en la frontera que une al Táchira con Norte de Santander, pero luego de seis años de cierre, esta misma zona registra apenas un movimiento de 133 millones de dólares, signados por la informalidad.

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Las cientos de trochas que cruzan la línea fronteriza se han convertido en corredores para el comercio ilegal de mercancías que al no registrar facturación formal ni cargas aduanales, no generan recursos formales para que el Estado venezolano pueda invertir en mejoras de infraestructura, servicios y calidad de vida para los habitantes de una frontera cada vez más deteriorada y expuesta.

Es por ello que gremios, asociaciones, ciudadanos, junto a autoridades locales y regionales presionan desde hace seis años para que los gobiernos de Caracas y Bogotá asuman como una política estratégica la reapertura comercial de la frontera, que se ha convertido en uno de los más anhelados sueños de los habitantes a uno y otro lado de la franja binacional.

Esta semana se han venido realizando nuevas reuniones para afinar el retiro de los contenedores que permanecen en el puente internacional Francisco de Paula Santander y la puesta en marcha de las operaciones comerciales por la aduana subalterna de Ureña.

Esperan que en un futuro no muy lejano se restablezca también el intercambio por la Aduana Principal de San Antonio, que cuenta con todo el sistema logístico de apoyo para estos procesos.

Wladimir Tovar, director de la Cámara de Transporte de Carga, precisó que toda la cadena logística trabaja para concretar el ingreso de las mercancías. “Es satisfactorio lograr que no haya limitaciones sobre el universo de las mercancías que pueden concretar operaciones comerciales en esta frontera”.

Estimó que la reactivación permitirá el regreso a sus actividades a unas 130 empresas de auxiliares aduaneros que comprenden almacenadoras, transporte de carga y agencias de aduanas; así como un sinfín de empleos indirectos en diversas áreas de la economía de San Antonio y Ureña.

Una luz al final del túnel

Para Isabel Castillo, presidente de la Cámara de Comercio de San Antonio del Táchira, el retiro de los contenedores de los puentes internacionales genera múltiples expectativas y representa una luz al final del túnel para los sectores económicos de San Antonio y Ureña, donde la paralización alcanza al 95% del comercio y a más del 80% de la industria.

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Destacó que las almacenadoras, los auxiliares aduanales y el transporte de carga se encuentran listos y dispuestos para iniciar operaciones e incluso hay unas 30 operaciones de compra venta entre empresas de ambos países. “Sólo esperan que den la orden”.

Los aduaneros por su parte prefieren guardar silencio y esperar a que los hechos se concreten. Temen que la apertura tan anhelada pudiera “caerse” por un malentendido de último minuto.

Abogan sí, porque una vez abiertos los puentes nunca más vuelvan a cerrarse. “En 200 años, es la primera vez que los pasos fronterizos permanecen cerrados por tanto tiempo”, acotaron.

Álvaro Rodríguez, representante de los transportistas de carbón, ve con esperanza las declaraciones de la vicepresidente venezolana Delcy Rodríguez que anunció el lunes la reapertura comercial por Ureña y las palabras del presidente Iván Duque, en referencia a una apertura gradual y progresiva que involucra una evaluación del estado de los puentes, los vehículos y los procesos, así como la seguridad y la bioseguridad en la zona.

Les preocupa sin embargo la falta de un cronograma concreto por parte de las autoridades que precise las fases o etapas en las que se cumplirá la llamada “apertura gradual” y urgen a definir un cronograma de acción que permita a los diferentes actores involucrados tomar las previsiones respectivas.

“Luego de tantos años de cese de actividades muchos transportistas han perdido la capacidad de respuesta para poner a punto sus unidades y cumplir con otras diligencias, esperamos que se tome eso en cuenta y nos exoneren los aranceles y pagos que representan unos 600 dólares por unidad, pues muchos de nosotros no pueden disponer de esos recursos”, explicó.
 

Cambio de perfil

Para el economista Aldo Contreras, la reapertura comercial permitiría al empresariado venezolano volver a la legalidad y a la par de ello, comprar a precios más bajos, abrir oportunidades de crédito, intercambiar mercancías, generar empleo local, diversificar el aparato productivo, aumentar la balanza de pago y contribuir al desarrollo de la capacidad exportadora que tiene Venezuela.

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Ya el país no es una potencia petrolera, por lo que los rubros exportables en la actualidad serían la carne bovina, metalmecánica, cacao, caña de azúcar, productos manufacturados, plásticos, bienes y servicios.

La reapertura –dijo-, podría además constituir el primer paso para reconquistar un mercado que Venezuela dejó de lado en el 2011 cuando decidió retirarse de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Contreras explicó que este hecho dejó al país sin nomenclatura aduanal ni aranceles comunes; lo que se complica aún más por el hecho de que Colombia –que sí forma parte de la CAN-, no pertenece al Mercosur -del cual forma parte Venezuela-, a lo que se suma que no hay reconocimiento por parte de los gobiernos de Caracas y Bogotá, y en consecuencia no hay acuerdos económicos internacionales suscritos de forma bilateral. La única excepción en esta materia es Aladi (Asociación Latinoamericana de Integración).

Según el experto, desde el 19 de agosto de 2015, cuando se cerró el paso vehicular por los puentes y cesó el intercambio comercial, Venezuela ha perdido la capacidad de adelantar adecuadamente estos procesos. Enfatizó que las pérdidas económicas se ubican entre 500 y 1.000 millones de dólares al año.

“Por un lado no tenemos hoy bancos en capacidad de emitir cartas de crédito que permiten que el importador firme un compromiso de pago con el exportador, y eso dinamiza la economía”, explicó al agregar que en la actualidad las sanciones financieras, la poca capacidad de pago y el default hacen que ello no sea posible, lo que obliga a pagar todas las importaciones de contado.

“La migración venezolana ha hecho que el 86% de los nuevos emprendimientos en Cúcuta y sus zonas aledañas sean impulsados por venezolanos, lo que constituye un importante potencial en el marco de esta nueva etapa de reapertura.

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