Luis Useche, gerente jurídico de FundaRedes, indicó que los hechos de violencia en la frontera colombo – venezolana no dejan solo un saldo de 200 víctimas desaparecidas, pues podría haber al menos 731 personas que incluso han podido perder la vida y hallarse en fosas comunes.
Recordó, a su vez, que Salvatore Mancuso reveló que en la frontera suroccidental venezolana hay al menos 200 víctimas que fueron ejecutadas y se encuentran en fosas comunes, hechos que ocurrieron desde el 2000 al 2004, cuando su reinado se imponía en este territorio.
“Elevamos nuestro llamado a que se siga investigando ya que, entre el 2005 y el 2018, no hay una contabilidad precisa de víctimas, pero para ello estamos trabajando, para lograr tener con precisión esos números. Sin embargo, entre el 2019 y la fecha actual FundaRedes lleva un registro de 531 víctimas en esta frontera”, resaltó.
Estas 531 personas desaparecidas se registran en los estados fronterizos con Colombia, Zulia (114), Táchira (135) y Apure (119) donde por años se han presentado pugnas por control de territorio para llevar a cabo actividades ilícitas.
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A pesar del silencio que ha predominado por parte del Estado, las declaraciones realizadas desde hace años por Javier Tarazona, incluso hasta días antes de su detención, el pasado 02 de julio de 2021, corroboran que se siguen cometiendo delitos graves de violaciones de derechos humanos, y que grupos armados irregulares llevan a cabo reforzando la cultura de la muerte en el territorio fronterizo venezolano.
Es necesaria una investigación no politizada
Por otro lado, la coordinadora política de Primero Justicia, Karim Vera, exige que se haga una investigación transparente y se incorporen representantes de organismos internacionales especialistas en derechos humanos para esclarecer la denuncia hecha por Mancuso.
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Vera recordó “tenemos años denunciando las asociaciones criminales que no sólo se mantienen en las llamadas trochas, sino que ha trascendido a gran parte del estado Táchira, entre grupos irregulares y funcionarios de cuerpos de seguridad venezolanos que hacen vida en la frontera y hasta la fecha no ha ocurrido una demostración real por acabar con las bandas que aún se mantienen en las zonas. No es un secreto como mujeres, ancianos, niños y hombres han sido víctimas no solo de hurto, sino hasta de secuestro por parte de grupos paramilitares, que operan en los sectores a la vista de uniformados, y el silencio ha sido la única respuesta para todas esas personas”.
Indicó que, tal y como se conoció públicamente, los gobiernos de Colombia y Venezuela “acordaron trabajar para encontrar los cuerpos desaparecidos, según Mancuso, pero eso no puede quedar simplemente en declaraciones, se tiene que hacer una investigación real y tener una verdadera voluntad política para combatir el flagelo que se da en los pasos regulares e irregulares que se mantienen activos una vez que se abriera la frontera. Son centenares de familias que desconocen el paradero de sus seres”.
Anggy Polanco / Corresponsal La Opinión
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