La confirmación de que la economía española sigue sumida en una profunda recesión, que según las previsiones más optimistas amenaza con extenderse hasta el año 2014, constituye sin duda una mala noticia para el conjunto de los países europeos que ven con impotencia el resquebrajamiento de todos los indicadores económicos españoles. La confirmación de que la economía española sigue sumida en una profunda recesión, que según las previsiones más optimistas amenaza con extenderse hasta el año 2014, constituye sin duda una mala noticia para el conjunto de los países europeos que ven con impotencia el resquebrajamiento de todos los indicadores económicos españoles.

Las cifras no invitan al optimismo: a 30 de junio pasado el Producto Interno Bruto (PIB) decreció en un 0,4 por ciento y el desempleo es ya del 24,6%, el más alto desde que se llevan estadísticas, con el agravante de que el 53 por ciento de esta damnificada población corresponde a personas entre 18 y 30 años.

Pero más allá del registro frío que diariamente publican los medios acerca de la magnitud de la crisis económica en este país ibérico, el manejo ortodoxo hecho por el Gobierno conservador de Mariano Rajoy para hacer frente a la misma, amerita un análisis sereno encaminado antes que nada a aprender de la experiencia ajena en aras de evitar que a los mismos síntomas se responda con las mismas recetas.

Justamente, las fórmulas ensayadas por Rajoy parecen estar en línea con la lógica implícita en esa estrecha relación que hay entre ingreso y consumo o, lo que es lo mismo, a la imposibilidad de que los recortes en el gasto público no terminen por afectar el empleo y, por ende, el poder adquisitivo de los españoles. No se trata solamente de los empleados públicos que han sido despedidos o los que lo serán en lo que resta del año sino, ante todo, de los cientos de miles de empleos que se pierden en el marco de una lucha contra el déficit fiscal basada solo en ajustes y en alzas de impuestos.

Si de lo que se trata es de vencer el desbalance fiscal –que produjo el costo inherente a mantener un generoso estado de bienestar– y no de privilegiar el crecimiento de la economía,  las recetas de Rajoy  pueden ser las más recomendables.

No obstante, la reducción del déficit a un precio social tan alto tiene, a la larga, consecuencias nefastas en lo que es el objetivo final y sincero de la hoja de ruta seguida por el equipo neoconservador de Rajoy: estimular el crecimiento de económico con todo lo que ello conlleva en la recuperación del consumo y del empleo.

Nada de lo anterior se avizora. Déficit, recortes y pérdida de empleos conducen siempre a lo mismo: a una caída de la demanda que obliga a las empresas a profundizar los despidos laborales, consolidando con ello nuevos golpes al consumo y a la posibilidad de una reactivación de la economía. Y junto a ello, es claro que los costos fiscales derivados de los subsidios de desempleo que paga el Estado suben de manera proporcionalmente inversa a la caída en la tributación del IVA y en las cotizaciones a la Seguridad Social.

La de España no es, por desgracia, una crisis que pueda resultarnos ajena. La pérdida de empleos afecta en primer lugar a los inmigrantes, buena parte de los cuales son compatriotas que con sus remesas familiares nutren a la economía colombiana.

El centenario ayer del nacimiento del laureado economista Milton Friedman, premio Nobel de Economía en 1976, y padre de las teorías que sacralizaron el libre mercado, hace propicia la ocasión para que reflexionemos y aprendamos sobre la crisis de España, expuesta como nunca a un rescate total por parte de sus socios europeos que le permita responder por sus mínimos compromisos para el funcionamiento de la administración pública.

Los síntomas de desaceleración económica en Colombia deben ser tomados en serio por el Gobierno y el Banco de la República, no solo para evitar un contagio, a esta hora casi que inevitable, sino para asumir que una austeridad implacable y desprovista de rostro humano es a veces un remedio peor que la enfermedad.