Javier Hernández sabía que sería despedido. 

Todos los que trabajaban con él en una cementera estatal recibieron la indicación de votar el mes pasado en la elección de los integrantes de una nueva asamblea constituyente que concederá una autoridad casi ilimitada al partido gobernante de Venezuela. 
  
Debido al boicot de la oposición, prácticamente todos los candidatos eran partidarios del gobierno. Votar equivalía a mostrar apoyo al presidente Nicolás Maduro y sus aliados. 
  
Hernández, resentido con lo que consideraba un proceso amañado, desacató la orden de sus supervisores y no votó. El miércoles pasado, no lo dejaron entrar a la empresa y le informaron que estaba despedido. 
  
Ahora se ha convertido en una voz pública que censura una situación que a decir de los detractores del gobierno fue generalizada: los venezolanos fueron amenazados con perder sus prestaciones sociales o empleos en empresas estatales si no participaban en la elección. 
  
Para Hernández, su despido no fue una sorpresa. 
  
"Las personas que no fueron a votar fuimos amenazadas explícitamente... Si no votamos el día 30 de julio íbamos a ser despedidos", apuntó. 
  
Hernández trabaja como gerente de producción en la cementera ubicada en la ciudad de Guatire, cercana a Caracas, desde hace cinco años. Debido a la inflación, el valor de su salario mensual se había reducido a sólo el equivalente de 25 dólares al tipo de cambio del mercado negro. 
  
Así que comenzó a trabajar de manera independiente y en forma paralela para compañías internacionales. Este ingreso extra le permitió tomar una decisión que estuvo fuera del alcance de muchas otras personas en el país. 
  
Su esposa, Denitza Colmenárez, que tiene 39 años y es maestra de una escuela pública, dijo que ella no fue amenazada con el despido si no salía a votar. Sin embargo, Hernández dijo que él fue una de las 15 personas despedidas de la empresa por rehusarse a votar. 
  
"Mira, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Van a votar? Eso, se crea o no, era el tema de conversación en muchos círculos, en muchas familias", afirmó. "¿Qué hacemos? ¿Respondemos a la necesidad pragmática del salario y el empleo o apostamos por nuestra decisión política?". 
  
El gobierno asegura que más de 8 millones de personas votaron en la elección de la asamblea constituyente, aunque según la oposición y expertos independientes, la cifra fue de menos de la mitad de la anunciada, y hubo coacción y fraude generalizados. 
  
El gobierno es el principal empleador en Venezuela, con casi tres millones de personas en puestos públicos. 
  
No es la primera vez que Maduro o su predecesor, Hugo Chávez, usan los empleos y las prestaciones estatales para exigir el apoyo de los venezolanos. 
  
En un caso muy conocido, Chávez adoptó represalias contra un grupo de venezolanos que firmaron en 2003 un documento en el que exigían su destitución. 
  
Los firmantes no fueron aceptados en empleos estatales y con frecuencia les negaban sus prestaciones sociales. Maduro actuó de manera parecida contra los gerentes de empresas estatales que firmaron el año pasado un documento similar. 
  
El presidente Maduro y el gobierno centraron su atención en los empleados del sector público, afirmó Hernández. Dijeron que garantizarían la participación de todos los trabajadores estatales en la elección, lo que significaba que no había más alternativa que votar, agregó. 
  
Funcionarios del ministerio para vivienda, que administra la fábrica de cemento donde Hernández trabajó, dijeron que ahí nadie estaba autorizado a hacer declaraciones sobre la presunta coacción del voto. 
  
Hernández ha defendido su decisión hasta el final. Luego de que se negó a firmar su carta de renuncia, la compañía le retuvo su última paga. Ya acudió a tribunales para recuperarla.