Venezuela rechazó este lunes las conclusiones de un informe de una Misión Internacional Independiente de la ONU que da cuenta de "crímenes de lesa humanidad" presuntamente cometidos por agentes del Estado contra opositores.
"Venezuela expresa su más categórico repudio a las acusaciones falsas y sin fundamento realizadas por la supuesta Misión Internacional de Determinación de los Hechos, en un nuevo panfleto presentado este 26 de septiembre de 2022 ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas", dice un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores.
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El informe de la misión, cuyo resumen fue presentado la semana pasada en Ginebra, denuncia al Servicio Bolivariano de inteligencia (Sebin) y la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en la represión de disidentes "mediante la comisión de torturas de extrema gravedad, que son constitutivas de crímenes de lesa humanidad".
El gobierno del presidente izquierdista Nicolás Maduro censuró el "uso politizado de los derechos humanos como herramienta para socavar la soberanía" de países.
"Venezuela reitera su absoluto desconocimiento a este tipo de mecanismos paralelos, bárbaros e injerencistas que, a través de sus pronunciamientos, aúpa y alienta a los sectores más extremistas a reincidir en la violación masiva de los derechos humanos de los venezolanos y la desestabilización del país", añadió el texto.
Venezuela, en tanto, considera que este "nuevo pseudo informe" carece de "sustento metodológico" y busca "seguir atacando a las instituciones venezolanas, "como parte de la estrategia criminal de "cambio de régimen" que se impulsa desde Estados Unidos "con la complicidad de sus gobiernos satélites en el mundo".
La misión, que ya presentó dos informes --en 2020 y en 2021-- haciendo hincapié en las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, insiste en que estos hechos, especialmente los cometidos por el Sebin y la DGCIM, "continúan hasta hoy".
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Desde su creación en 2019, el grupo de la ONU no ha sido autorizado a entrar en Venezuela y ha llevado a cabo sus investigaciones en las regiones fronterizas y a partir de entrevistas a distancia.
Las conclusiones se fundamentan en 246 entrevistas confidenciales con víctimas, sus familiares y exfuncionarios de los servicios de seguridad e inteligencia.
A propósito de los cuestionamientos en materia de derechos humanos, el presidente Maduro recibió en Caracas al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y tras el encuentro, en marzo pasado, acordaron abrir una oficina del organismo en Venezuela.
Hasta diciembre de 2021, la justicia venezolana había condenado a más de 200 agentes de seguridad con penas de hasta 28 años por violaciones de derechos humanos ocurridas desde 2017, según dijo entonces el fiscal general, Tarek William Saab.
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