En su visita a Pamplona, el sábado 12 de agosto, el ministro del  Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo, tuvo que dedicar parte de su discurso a responder las solicitudes que en tono de inconformidad hicieron voceros de la comunidad campesina de la provincia por decisiones relacionadas con los páramos de Santurbán y El Almorzadero. Habló  con ánimo de entendimiento y fue receptivo de lo que plantearon sus interlocutores.  La Opinión lo entrevistó en esa ocasión.

¿Cómo recibió las críticas de los voceros de los campesinos en Pamplona a la reglamentación para la protección de las reservas naturales de Santurbán y El almorzadero y cuáles cambios pueden esperarse?

Es importante que se escuche la voz de la comunidad con miras a la solución de sus inquietudes y llegar a acuerdos. Nosotros tenemos 37 complejos de páramos y es nuestro propósito delimitarlos. Las comunidades nos han dicho queremos conservarlos, pero de manera concertada. Debemos entonces pasar del conflicto a la colaboración y por eso vamos a trabajar con sus voceros en varios aspectos  como la zonificación de los páramos, estudiar modelos sostenibles de producción agrícola y pecuaria y consolidar el Pago por Servicios Ambientales

Tiene el Estado colombiano políticas adecuadas para la protección del medio ambiente de acuerdo a las nuevas exigencias a este respecto?

Lo más importante en este año de cierre es consolidar logros en diferentes sectores y la paz será un escenario propicio para que el sector medioambiental se fortalezca. Es nuestro propósito construir un nuevo país donde lo ambiental se vea como un tema clave para la competitividad. Es necesario hacer varios correctivos con miras a lograr dicho posicionamiento. Uno de los principales retos para este año es el combate a la deforestación y sus distintas causas. También está el tema del manejo de residuos sólidos en los enclaves urbanos. Pero quizá lo más importante es la reforma del Sistema Nacional Ambiental (SINA).

¿Cómo responden los empresarios en cuanto se trata de la protección de los recursos naturales y del medio ambiente?

Con los empresarios y el sector privado hemos   logrado establecer grandes alianzas orientadas a la protección y conservación de nuestros recursos. Por ejemplo, en el marco de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono se están promoviendo acuerdos de cero deforestación con cadenas productivas para ayudar a cumplir dichas metas. Hemos priorizado cuatro cadenas para el país: el aceite de palma, la carne bovina, los lácteos y la madera. Hemos llevado a cabo mesas preparatorias con expertos para acuerdos con personas claves y esto nos ha permitido identificar que cada cadena tiene retos particulares a afrontar para llegar a la cero deforestación. Así mismo, adelantamos campañas con las grandes superficies como Reembólsale al  planeta, que busca el uso sostenible de las bolsas plásticas,  logrando grandes resultados.

¿En qué va el control de la minería ilegal en el país?

Lo que hay que resaltar es que la extracción ilícita de minerales es uno de los desafíos ambientales que tenemos en el país. La ilegalidad es la mayor amenaza de los ecosistemas. La minería ilegal es uno de los motores de la deforestación y de la contaminación. Se han dado importantes golpes contra este flagelo pero creo que se puede seguir mejorando. Uno de los puntos principales son las herramientas judiciales que se necesitan para luchar contra ese problema. Con los Ministerios de Defensa y Minas presentamos un proyecto de Ley que nos da esas herramientas. Por ejemplo, ahora la Policía va a poder suspender actividades mineras y de manera preventiva, inclusive sin orden judicial. Cuando se realizaba un operativo la maquinaria que utilizaban para la minería ilegal era destruida, ahora esa maquinaria debe ser utilizada para el proceso de recuperación del terreno afectado. Otro ejemplo es la extracción de oro: cuando usted extrae el oro de manera ilegal -que se estima es  el 90% del oro del país- pasa a ser un 
producto legal, pero estamos trabajando para que únicamente se pueda comercializar oro legal. Ahora cambia eso. Se establece el delito de comercialización ilícita de minerales si no se demuestra que proviene de una extracción legal. El otro componente de este proceso para proteger nuestras fuentes hídricas no sólo es atacar de dónde proviene, sino la recuperación de lo que ya estaba afectado. Estamos trabajando en la recuperación de ríos en diferentes departamentos del país. Así mismo, Colombia suscribió el tratado de Minamata, que regula el uso de mercurio. Este tratado tiene como objetivo principal proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones de mercurio.

La meta es la eliminación del uso de mercurio en la minería a partir de 2018. Y vamos a prohibir totalmente el uso de mercurio en todo tipo de actividad industrial a partir de 2023. Adicionalmente, estamos fortaleciendo las Corporaciones, para que puedan cumplir con su tarea de monitoreo. 

¿Qué tanto se cumplen las disposiciones del Gobierno tendientes a impedir los actos o las acciones de depredación en las regiones?

El Ministerio dentro de sus competencias establece los lineamientos ambientales para el país y en las regiones son las autoridades ambientales quiénes operativizan las normas. Estamos trabajando de manera articulada en todos los niveles de gobierno para que se castiguen los delitos ambientales. En este esfuerzo nos han acompañado la Fiscalía y la  Fuerza Pública, porque  requiere el trabajo de todos los sectores.  

¿Las zonas naturales de reserva están realmente protegidas?

Tenemos grandes desafíos  y  uno de ellos es el de manejar estas áreas con un  estándar internacional, que se conserven como áreas  protegidas y se mantengan. Estamos  fortaleciendo la participación de las comunidades  en la toma de decisiones que tienen que ver con la protección y ampliación de algunas áreas en el país y esto genera seguridad. De la mano de las corporaciones estamos logrando avanzar en la declaratoria de nuevas áreas protegidas y por ende estamos fortaleciendo los mecanismos para su  conservación desde lo regional. Proteger no va en contravía del desarrollo.

¿Santurbán está libre de riesgos?

Esperamos un fallo de la Corte Constitucional sobre la delimitación,  que dé la posibilidad de mover un poco la línea de acuerdo con realidades sociales, económicas y ambientales y de establecer el régimen de transición para las comunidades que habitan páramos.

¿Cuál es la realidad de las corporaciones regionales en el cumplimiento de sus objetivos y el manejo de sus recursos?

Debemos modernizar y fortalecer las instituciones del sector ambiental para que cumplan con sus funciones.  Es importante incorporar el diálogo con las comunidades en el quehacer de las autoridades ambientales, teniendo en cuenta la etapa que afronta el país, donde la voz de todos los actores es fundamental para la construcción de la paz. Tenemos la tarea de ofrecer a Colombia una nueva visión donde nuestros activos ambientales sean el eje central, basados en los principios del desarrollo sostenible. Buscamos fortalecer los procesos de articulación y coordinación entre el Ministerio de Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible en  el marco de la estrategia Ambiente y Paz.

¿Se cuenta con los recursos adecuados para atender los programas ambientales?

El sector ambiente es uno de los que tiene menos presupuesto en el país y justamente es uno de los que más necesita recursos por los grande desafíos que tiene Colombia frente a la conservación de su patrimonio natural y las opciones de desarrollo sostenible que se puede derivar de él.  Al evaluar los recursos asignados al sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el proyecto de presupuesto de la Nación para 2018, se observa que el presupuesto de inversión para la próxima vigencia del sector sufre una reducción significativa que tendrá un posible impacto negativo.

Sin embargo,  estamos buscando recursos a través de cooperación internacional y de otras fuentes. Hay $2.5 billones en compensaciones ambientales. Se hizo una reforma sustancial para movilizar recursos con el impuesto al carbono y a las emisiones con el sector privado. Existe la oferta de pago por resultados para controlar la deforestación en la Amazonía de 320 millones de dólares que darán  Noruega, Reino Unido y Alemania. Colombia fue incluida dentro de los siete países en el Cop 22 de Marrakech, que pueden acceder a 5 mil millones de pesos. Ideam debe presentar proyectos para conseguir fondos, a los que Colombia puede acceder luego de la Cop 22. Con los dineros de ese fondo lo principal es generar conocimiento para el monitoreo, por ejemplo, de la deforestación de los bosques en el país. Necesitamos que esos recursos nuevos estén orientados a las instituciones ambientales.

¿En cuanto a acuerdos internacionales, qué ha quedado en claro?

El Plan Nacional de Desarrollo estableció el modelo de crecimiento verde.  Y en ese sentido tenemos compromisos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cumplimiento de los Acuerdos de París sobre cambio climático, compromisos de acceso a la OCDE. Para garantizar todo eso se requieren arreglos institucionales, la modernización del sector y su sostenibilidad financiera. 

¿Ahora cuáles son sus preocupaciones?

Todos los temas de conservación y desarrollo sostenible representan grandes retos para el sector ambiental. Sin embargo, rescato tres transversales como lo son la implementación de estrategias integrales contra la deforestación y restauración de áreas degradadas, declaratoria de áreas protegidas y mitigación y adaptación al cambio climático.