La defensa del páramo de Santurbán es una causa en desarrollo y cada día se amplía con la vinculación de más activistas del Gran Santander, que une a los departamentos de Norte Santander y Santander.

Uno de los líderes de ese movimiento es Erwing Rodríguez-Salah, magíster en administración de empresas, investigador ambiental, estudioso de los ecosistemas del país y especializado en el páramo de Santurbán.

Es un líder y sus pronunciamientos sobre la gran reserva natural, con tutelas, columnas de opinión, conferencias y análisis con sustentación, tienen resonancia y acogida. En esta entrevista Rodríguez-Salah hace fundamentales precisiones sobre Santurbán.

¿Qué representa para Colombia el páramo de Santurbán?

Santurbán es la fábrica de agua por excelencia del Gran Santander, y como referente nacional marca la pauta de lo que pasa con los demás 36 ecosistemas paramunos. Por ello, si se llegase a licenciar Santurbán, o sus ecosistemas circunvecinos, se abriría una compuerta gigante para devastar, con fines mineros, todos los páramos del país.

¿Cómo ha visto la protección del páramo y cuáles han sido los antecedentes?

En favorecimiento de una política minera errada, con una política ambiental subordinada a los intereses mineros. No ha habido una protección efectiva de nuestros páramos.

Permítame explicar esto con una conclusión, dentro del marco del Teatro del Absurdo. Hoy, la gran paradoja es que la principal amenaza para nuestra agua y páramos está representada por las decisiones gubernamentales y sus actos administrativos: la expedición de otra delimitación de Santurbán exprés político-minera (Minambiente); el otorgamiento de licencias ambientales para la explotación minera (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA), o la omisión de las autoridades ambientales, en favorecimiento de los intereses particulares mineros.

¿Qué procesos definirán el futuro de los páramos?

La delimitación de los páramos. En 2011 el presidente Santos, con dos antecedentes: primero, el  que la sociedad civil liderada y convocada por Fenalco Santander, por voluntad propia, con el apoyo de otras organizaciones del establecimiento y de derecha, muy posicionadas y de gran credibilidad  como el Colegio San Pedro (S.J.), la Universidad Santo Tomás (O.P.) y la Sociedad Santandereana de Ingenieros, principalmente, logró detener la explotación a cielo abierto en Santurbán, en tiempos de Greystar; y segundo, con un marco legal prohibitivo para la minería en los páramos, decidió delimitar los 37 páramos del país, empezando por Santurbán, la joya de la corona de los fines extractivistas.

¿Qué pasó con Greystar?

El gobierno Santos afirmaba que concedería la licencia a la Greystar, con el viento a favor de que los opositores del proyecto eran los sempiternos sectores estigmatizados como antiestablecimiento, antigobiernistas, pertenecientes a la “izquierda recalcitrante” que, en 2010, conformados como Comité Santurbán convocaron tres marchas, con asistencias aproximadas de 150, 750 y 3.000 personas –esta última en noviembre–, y que como reconocieron fuentes periodísticas no valió la pena cubrir. 

Tres meses después, en febrero de 2011, la gran marcha “Defendamos el Agua de Bucaramanga”, liderada por Fenalco Santander, convocó alrededor de 50.000 personas, dando inicio a una serie de  marchas multitudinarias que se han hecho año tras año.

Fenalco Santander logró convertir un debate regional en nacional, enviando un  mensaje claro que el establecimiento con la derecha política era un actor fundamental, y que nuestra causa más allá de pluripartidista, debe ser suprapartidista.

Desde ese punto del tiempo se considera que todos los segmentos de la sociedad se unieron en defensa del agua y Santurbán. Si Fenalco Santander no entra en escena, el proyecto de la Greystar habría sido aprobado,  como fue registrado por los medios nacionales y regionales.

La Resolución 2090, ¿un engaño?

 Aunque me precio de haber sido el principal crítico y opositor de la delimitación de páramos, desde que Santos la anunció, en 2011, pues consideré que con ella se escindirían del páramo los megabocados para dar luz verde a la megaminería, una vez hecha realidad la delimitación de Santurbán mediante Resolución 2090 (2014), la cual califiqué de acomodaticia minera pues legalizaba a los proyectos mineros, y a todo el proceso que llevó a ella como el engaño más grande en la historia ambiental del país,  tuvimos que entrar al juego interponiendo  una acción de tutela, con el liderazgo de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, que, en revisión por la Corte Constitucional, dio origen a la Sentencia T-361 (2017) que  exigió al Minambiente  una nueva delimitación de Santurbán, por considerar que la R. 2090 vulneró el  derecho fundamental a la participación ambiental de las comunidades afectadas por ella.

El Minambiente, en cumplimiento de la T-361, tiene para concertar con las comunidades una “propuesta integrada de delimitación de Santurbán” que, como su predecesora la delimitación de la Resolución 2090, tiene los mismos gravísimos vacíos técnico-científicos: sin estudios hidrológicos e hidrogeológicos, y vuelve a dejar “por fuera del páramo” al proyecto  de Minesa: un lavado de manos del Gobierno  para aprobar proyectos por “fuera del páramo”, y que, de imponerse, sería la extensión del más grande engaño que significó la delimitación de la R. 2090: el otorgamiento de licencias ambientales para la explotación por la ANLA.

La decisión de la ANLA, de archivar el trámite administrativo del proyecto Soto Norte de Minesa, es otra estratagema del Gobierno para dar un nuevo aire a un proyecto que quiere aprobar a toda costa, y al que ni siquiera se debió dar trámite; la ANLA está en mora de negar definitivamente la licencia ambiental.

¿Cuál es su percepción sobre el proyecto de explotación de Minesa?

Más que percepción, la realidad es que proyectos como el de Minesa, en Santurbán o en sus ecosistemas circunvecinos, son inviables e indefendibles, empezando por el punto de vista legal, pues se infringirían normas como las Leyes 99 (1993) y 1252 (2008), los Decretos 2372 y 3930 (2010), incluso las Sentencias C-035 (2016) y T-361 (2017).

El sofisma de la minería “bien hecha” en páramos es una ofensa para la inteligencia de los colombianos.

¿El Gobierno tiene la capacidad  preservar la integridad de esa reserva?

No, mientras falte voluntad política y coherencia del Gobierno para proteger y conservar nuestros páramos. Mientras el presidente Duque pidió a la comunidad internacional, ante la ONU, la creación de una estrategia global en defensa de los páramos, domésticamente, en nuestro país, se hace una estrategia para su explotación minera.

Al respecto he planteado una dicotomía entre el querer del Gobierno, la minería (visión minera), versus el deber ser, su protección y conservación (visión conservacionista), y de esta se deriva otra en cuanto a las delimitaciones de páramos, lo cual  me llevó a acuñar dos conceptos sobre posibles delimitaciones en nuestro país.

El querer del Gobierno: otra delimitación exprés político-minera sin estudios hidrológicos e hidrogeológicos y  al servicio de la minería, que extiende  el páramo hasta donde no se afecten los proyectos mineros (visión minera). El deber ser: una delimitación técnico-científica con los estudios científicos hidrológicos e hidrogeológicos (visión conservacionista). 

¿Qué más deben hacer los diferentes sectores del Gran Santander?

Muy gratificante ver a los senadores del Gran Santander, Jaime Durán Barrera,  Andrés Cristo, Miguel Ángel Pinto y Horacio José Serpa (Partido Liberal); Juan Carlos García (Conservador),  Richard Aguilar y Edgar Díaz  (CR) y Jesús  Castilla (Polo), unidos en la Comisión Accidental para la preservación de Santurbán, con connotación pluripartidista.

Con el involucramiento de la derecha política, en un país con Gobierno y pensamiento mayoritario de derecha, podría darse un giro de 180 grados, en un disenso a resolver en el terreno político o en el jurídico: los congresistas, con un efectivo control político al Gobierno, pueden lograr que Duque corrija el rumbo de la historia y  ahorrarnos seguir en  los estrados judiciales.

Los gremios económicos preocupados por las industrias, deben preocuparse por las fábricas más importantes: las del agua, nuestros páramos. O ¿qué industria no necesita del agua para su operación?

¿Qué se debe hacer para tener la certeza de que  el páramo no está en riesgo?

En primer lugar, exigir al Gobierno que cumpla con  la Constitución y las normas jurídicas en materia de protección ambiental, y en esto el Congreso, como órgano de control político del Gobierno,  tiene un papel fundamental.  Aunque se podrán  sancionar nuevas leyes, las normas existentes, citadas anteriormente, son importantes para negar las licencias ambientales. No podemos permitir que mientras el Congreso legisla, el Gobierno infrinja.  

¿Está aplicando Colombia políticas adecuadas relacionadas con la protección de sus recursos naturales?

Lamentablemente, no. El Gobierno debería actuar bajo la premisa: los páramos son territorio del agua para la vida,  no de las mineras para su devastación, en detrimento del agua de nuestros hijos.

 Erwing Rodríguez-Salah