La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) y varias autoridades regionales expresaron su preocupación por el Decreto 0603, que permite al Gobierno Nacional suspender las operaciones ofensivas de la Fuerza Pública contra la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB).
La organización cuestionó que la suspensión de las operaciones militares y la autorización para trasladar integrantes de esa estructura armada a una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) se hayan adoptado a tan solo dos días de la segunda vuelta presidencial.
Según lo establecido en el decreto, al menos 99 integrantes de los 'Comandos de Frontera', estructura que forma parte de la CNEB y es comandada por Walter Mendoza, serán trasladados a la ZUT ubicada en el municipio de La Hormiga, Putumayo.
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En un comunicado, Asocapitales advirtió que "la paz no puede negociarse con el calendario electoral ni bajo condiciones que generen incertidumbre sobre la capacidad del Estado para ejercer control territorial y combatir las economías criminales que afectan a millones de ciudadanos".
De acuerdo con informes de inteligencia militar, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano es considerada uno de los principales actores del narcotráfico en el bajo Putumayo, con influencia sobre cultivos ilícitos, corredores estratégicos para el tráfico de cocaína y otras actividades asociadas a la violencia armada en esa región del país.
Preocupación por la recta final electoral
La decisión del Gobierno Petro generó inquietud entre los alcaldes de las ciudades capitales por las consecuencias que podría tener la suspensión de las operaciones militares.
Entre las principales preocupaciones figura que la medida coincida con la antesala de la segunda vuelta presidencial, lo que, según los mandatarios locales, podría afectar la percepción de neutralidad institucional en uno de los momentos de mayor escrutinio democrático del país.
A esto se suman los cuestionamientos que han surgido alrededor de la política de paz total. Asocapitales señaló que durante 2025 se registró el mayor número de disputas armadas de la última década y que diversos informes evidencian el fortalecimiento y expansión de estructuras ilegales, así como aumentos significativos en indicadores de homicidio, secuestro y extorsión.
La asociación también advirtió que la Zona de Ubicación Temporal fue autorizada por un periodo de diez meses, por lo que sus efectos podrían extenderse más allá del actual periodo presidencial.
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Asimismo, señaló que las consecuencias derivadas de este tipo de decisiones —como violencia, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, extorsión y afectaciones a la seguridad ciudadana— terminan impactando directamente a las ciudades capitales y sus áreas de influencia, sin que estas hayan sido consultadas previamente.
"Hacemos un llamado al Gobierno Nacional, a las autoridades electorales y a los organismos de control para garantizar la neutralidad del proceso democrático, brindar claridad sobre los criterios que motivaron esta decisión, establecer mecanismos rigurosos de seguimiento y verificación, e involucrar a los gobiernos territoriales en aquellas determinaciones de seguridad que tienen impactos directos sobre sus ciudadanos", indicó la organización.
Finalmente, Asocapitales reiteró que cualquier esfuerzo orientado a la construcción de paz debe estar acompañado de garantías de transparencia, verificación independiente, control institucional y participación efectiva de los entes territoriales.
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