Lo único que pide Dora Muñoz es que se haga justicia con su caso y que “Colombia no se acostumbre a la muerte”. Que el país no lo haga, porque ella no se acostumbra a dormir sin su esposo Miller Correa, un reconocido líder del resguardo Tacueyó y consejero de la Asociación de Cabildos indígenas del Norte del Cauca, ACIN, que fue asesinado el pasado 14 de marzo tras ser amenazado de muerte en múltiples panfletos de las Águilas Negras.
Como Correa, otros 198 defensores de Derechos Humanos fueron ultimados por actores armados entre enero y noviembre de 2022, convirtiéndolo en el año más violento desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.
El lunes en que fue asesinado, Miller le prometió a su esposa una llegada a casa que nunca ocurrió por culpa de sus homicidas: varios hombres armados que lo sacaron de su carro y le dispararon tres tiros en una vía que conducía a Toribio, en Cauca.
Lea: Falsos arrendatarios asaltan en conjunto de La Floresta
Mientras Dora lo esperaba en su casa, Miller era llevado a una sede de Medicina Legal. Era un hombre conocido, pues también fue secretario de gobierno y concejal de Toribío, por lo que su pueblo no tardó en reconocerlo y llorar su muerte.
Como ella, decenas de familias colombianas padecieron las muertes de sus seres queridos dedicadas a defender el medio ambiente, las víctimas, las comunidades indígenas, la cultura o la tenencia de la tierra.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, durante esos 11 meses de 2022 fue asesinado un líder social cada dos días, una alarmante cifra que seguro posicionará al país, nuevamente, como el más peligroso del mundo para defender los derechos.
De hecho, el informe anual de la ONG Human Rights Watch, publicado este jueves, asegura que el país está sumido en una ola violenta que elevó los índices de ataques a la población “a niveles similares a los que existían inmediatamente antes del proceso de paz”.
Por regiones, la Defensoría reporta que los departamentos más afectados por este delito son: Nariño y Cauca, con 33 y 25 casos, respectivamente, y los territorios de Putumayo (20), Antioquia (20), Arauca (12), Valle del Cauca (11), Bolívar (9) y Santander (9).
Todos ellos comparten factores comunes de violencia, como la presencia de guerrillas, grupos narcoparamilitares y de delincuencia común. Los más activos en dichos territorios son el Eln, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, grupos que parecen seguirle disparando a las comunidades pese a los “guiños” de buscar la paz que le han hecho al Gobierno.
Los grupos siguen en guerra
Antes de llegar a la Casa de Nariño, una de las críticas más recurrentes del presidente Gustavo Petro al gobierno de Iván Duque era “la constante masacre a los líderes sociales y los firmantes de paz que desangra las regiones más olvidadas de Colombia”, como lo dijo en un discurso de campaña.
Pero estando en el poder se ha dado cuenta que, aun haciendo esfuerzos de Gobierno, no es tan fácil prevenir lo que él criticaba.
Según la Defensoría, entre el 7 de agosto y el 30 de noviembre de 2022, fechas en que Petro ya era presidente, el país registró 66 homicidios contra defensores de DDHH, lo que equivale a un 33,16% de los casos en tan solo cuatro meses.
Todo esto, pese a las conversaciones de paz que ha sostenido el Gobierno con por lo menos 23 grupos armados de todo el país y que parecen no estar dando el resultado esperado.
Le puede interesar: El robo que se dio dentro de un conjunto residencial en Los Patios
De hecho, la paz total del presidente Petro atraviesa por una crisis derivada de una serie de anuncios “prematuros” y “descuidados” por parte del Ejecutivo, como los calificó recientemente la Iglesia Católica.
El más marcado de ellos fue el del cese bilateral al fuego anunciado por el presidente con cinco grupos armados que, según se supo después, no habían sido consultados previamente para acogerse a esa medida.
A partir de ese error, el Ejército de Liberación Nacional calificó las tensiones en la mesa de negociación como una “crisis por imposiciones unilaterales”.
Por ahora, el Gobierno espera la respuesta de esa guerrilla a una “reunión de emergencia” convocada para finales de enero en Caracas, Venezuela. Si el Eln no acepta, se entendería como un enfriamiento de las negociaciones que, tarde o temprano, repercutiría en acciones aún más violentas contra las comunidades afectadas.
Mientras tanto, las víctimas como Dora Muñoz, que observan expectantes la paz total, piden que no se olvide la justicia en medio de esas negociaciones. En su caso, activo desde marzo de 2022, hay dos presuntos implicados y un capturado al que le dieron prisión domiciliaria, mientras se adelanta el caso. “Estos meses sin él han sido muy solos. Ni la justicia lo acompaña a uno. Que haya justicia y que los responsables reciban sanción, solo así tendremos esa paz que el país anhela”, concluyó Muñoz.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion
