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El mismo día del pronunciamiento presidencial, el Ministerio de Trabajo, liderado por la ministra Gloria Inés Ramírez, anunció inspecciones administrativas a cuatro empresas mediáticas, entre ellas Plural Comunicaciones, concesionaria de Canal 1. La medida también incluyó a las sociedades de antiguos socios del canal, como CM& de Yamid Amat, NTC de Daniel Coronell y RTI de Patricio Wills, aunque estas últimas ya no guardan relación directa con la administración actual de Canal 1.
La respuesta del Canal 1
En medio de la controversia, Canal 1 se pronunció este 25 de noviembre a través de un comunicado oficial, reafirmando su cumplimiento riguroso con la normativa vigente y su compromiso con la libertad de prensa, la democracia y la pluralidad informativa.
Según Plural Comunicaciones, la concesión que les permite operar Canal 1 fue obtenida legalmente y estará vigente hasta mayo de 2037.
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El canal aclaró que su modelo operativo, basado en acuerdos de licenciamiento de contenido con proveedores nacionales e internacionales, es una práctica común en la industria televisiva. Además, rechazó categóricamente cualquier interpretación que cuestione su gestión laboral, asegurando que no ha habido cambios en las condiciones de su personal y que continúan trabajando con profesionalismo para garantizar un servicio de calidad a más de 17 millones de televidentes mensuales.
Con este comunicado, Canal 1 busca despejar dudas sobre su gestión frente a las inspecciones laborales y reafirma su compromiso con la excelencia periodística y el respeto a las normativas del sector.
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