El asesinato del profesor Neill Cubides, en enero del 2026, volvió a poner el foco sobre una pregunta incómoda: ¿por qué personas capturadas por delitos graves terminan nuevamente en libertad? Uno de los implicados en el crimen había salido de prisión un mes antes por vencimiento de términos. Para el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ese hecho “se hubiera podido evitar”.

En las últimas semanas, el mandatario ha insistido en que la Policía captura a los delincuentes, pero estos vuelven a las calles. “No podemos seguir capturando y soltando”, escribió tras la recaptura de una banda de fleteros que ya había sido detenida anteriormente.

También advirtió que en lo corrido del año han sido capturadas al menos 12 personas que estaban bajo detención domiciliaria, varias de ellas con brazalete electrónico, mientras intentaban cometer nuevos delitos.

Pero estas críticas no son nuevas, ya que, en 2022, la entonces alcaldesa Claudia López cuestionó la liberación de una banda capturada por robos en TransMilenio, pese a las pruebas presentadas. “¿Sale más barato dejar que atraquen impunemente?”, preguntó en ese momento, en medio de la polémica.

Detrás de estas decisiones, sin embargo, hay un entramado legal más complejo de lo que suele parecer en el debate público.

El vencimiento de términos: una garantía que también genera tensiones

Una de las principales razones por las que una persona puede recuperar la libertad es el vencimiento de términos. Este mecanismo, contemplado en la legislación penal colombiana, establece plazos máximos para que la Fiscalía avance en un proceso. Si no lo hace dentro de esos tiempos, el procesado puede solicitar su libertad.

Según el Ministerio de Justicia, la medida de aseguramiento, ya sea en cárcel o en domicilio, tiene un límite de un año, precisamente para evitar detenciones indefinidas sin sentencia. Es una garantía ligada al debido proceso y a la presunción de inocencia, pues según la teoría judicial, nadie debería estar privado de la libertad sin que su situación jurídica se resuelva en un plazo razonable.

Pero en la práctica, esa garantía se cruza con otro problema que es la congestión judicial y esta a su vez conlleva a retrasos en audiencias, cargas de trabajo en la Fiscalía y aplazamientos que pueden llevar a que los términos se venzan sin que haya una decisión de fondo. En esos casos, la consecuencia es la libertad del procesado, aunque el proceso continúe.

Sin embargo, no todos los casos de liberación responden a ese mecanismo. Existen otras figuras legales, como la detención domiciliaria o las medidas no privativas de la libertad, que permiten que una persona enfrente el proceso fuera de la cárcel.

El abogado Andrés Pérez Velasco, subdirector de la Corporación Excelencia en la Justicia, explica que la detención domiciliaria no es un beneficio, sino una forma de reclusión. “Es una modalidad de cumplimiento de la medida, no libertad”, señala. Su aplicación depende de factores como la gravedad del delito, el arraigo del procesado, es decir, sus vínculos familiares o laborales, y el riesgo de fuga.

Ahí aparece uno de los puntos más sensibles con el margen de decisión de los jueces, pues aunque existen criterios legales, la valoración de cada caso implica un grado de discrecionalidad que, según expertos, debería revisarse, especialmente en lo relacionado con las cauciones y el análisis del riesgo.

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 Brazaletes, controles débiles y reincidencia

Para el alcalde Galán, el problema no es solo la decisión judicial, sino la falta de seguimiento efectivo, y en este sentido el debate se amplia al control de la justicia por sobre quienes cumplen la detención domiciliria.

Pérez Velasco coincide en que el sistema de control presenta fallas. “El brazalete debería garantizar que la persona permanezca en su domicilio, pero su manipulación o sabotaje necesita una respuesta efectiva del Estado”, advierte. Incluso plantea que alterar estos dispositivos debería tener consecuencias equivalentes a una fuga de presos.

Además, no todas las personas con detención domiciliaria cuentan con brazalete electrónico, lo que reduce aún más la capacidad de control. A esto se suma la limitada capacidad del INPEC para realizar visitas o verificaciones presenciales.

¿Falla el sistema o funciona como está diseñado?

Según Pérez Velasco, el vencimiento de términos, por ejemplo, no es una falla en sí misma, sino una garantía constitucional. El problema es que el sistema no logra cumplir sus propios tiempos.

El experto señala que en Colombia se registraron cerca de 540 casos de vencimiento de términos para el año 2025, muchos de ellos asociados a la carga de trabajo de la Fiscalía y a la priorización de ciertos delitos sobre otros.

Pero hay un problema más profundo, elevado al sentido práctico, en el que, según Velasco se adopta la cárcel como respuesta casi automática frente al delito. “La sociedad siempre pide más cárcel, pero el Estado no construye más cárceles”, explica. El resultado es un sistema sobrecargado, con centros de reclusión que llevan décadas sin ampliarse y que incluso han sido declarados en estado de cosas inconstitucional.

En ese contexto, mezclar en los mismos espacios a personas condenadas y a otras que aún se presumen inocentes, sumado a la falta de programas efectivos de resocialización, termina alimentando la reincidencia.

El debate de fondo: castigar más o castigar mejor

La discusión, entonces, no se limita a si los delincuentes deben o no quedar en libertad, sino a cómo funciona el sistema penal en su conjunto.

Para el subdirector de la Corporación Excelencia en la Justicia, el punto no es únicamente endurecer las penas. “Quizás no deberíamos castigar más, sino castigar mejor”, plantea. Es decir, revisar qué delitos realmente requieren cárcel, mejorar los controles sobre las medidas alternativas y fortalecer la capacidad institucional para hacer seguimiento.

Mientras tanto, los alcaldes siguen insistiendo en reformas, como ejemplo de ello, Galán ha pedido cambios legales y mayor financiación para la justicia, al tiempo que reconoce la autonomía de los jueces. El reclamo, dice, no es contra decisiones individuales, sino contra un sistema que no logra mantener fuera de las calles a quienes representan un riesgo.

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