Un choque de trenes entre el Gobierno y la Defensoría del Pueblo se presentó a causa del cierre total de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT), creada en medio de los diálogos de paz en el Putumayo.
Inicialmente, el Ejecutivo ordenó el cierre total de este espacio que tuvo inicialmente a 99 hombres y mujeres de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, y que actualmente tiene 62 asentados en este lugar.
A través de la resolución 215 de 2026, El consejero Comisionado de Paz, Carlos Andrés Ríos, resolvió adoptar un cronograma operativo de la comisión humanitaria para la salida ordenada de las personas de la ZUT ubicada en el Valle del Guamuez, Putumayo.
Según el documento, esta acción se llevaría a cabo entre el 1 y 2 de octubre del presente año y solo aplicaría para personas que no tienen órdenes de captura vigente o requerimientos judiciales.
Además, especifica que esta comisión humanitaria acompañará y facilitará la salida de las personas aun presentes en la ZUT; sin embargo, no tiene funciones para reactivar la mesa de diálogos, ni ser un mecanismo de monitoreo previsto.
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Los cuestionamientos de la Defensoría
Casi que al tiempo de conocerse esta resolución, también se reveló una respuesta de la Defensoría al juzgado segundo promiscuo de Puerto Asis, Putumayo, pidiendo frenar el cierre total de la ZUT.
Debido al proceso legal que ya cursa en este despacho, la Defensoría pide frenar este proceso ordenado por el gobierno, a través de la resolución citada anteriormente.
Bajo el calificativo de una "intervención urgente", la defensora del Pueblo, Iris Marín, sostiene que llevar a cabo este cierre de la ZUT y la posterior salida de quienes lo integran es una grave violación a los derechos humanos de las 62 personas.
En el documento conocido asegura que no tiene conocimiento ni ha sido convocada a participar en la comisión humanitaria mencionada en dicha resolución, ni conoce el plan que coordina la salida de los excombatientes.
No solo pide al juzgado suspender provisionalmente la ejecución de la resolución presidencial, sino que también solicita al DAPRE garantizar de forma ininterrumpida los bienes y servicios para atender las necesidades básicas de salud, protección, alimentación y servicios públicos para las personas que permanecen concentradas.
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