El Gobierno quedó expuesto al desembolso de $1 billón por la decisión de congelar las tarifas de peaje en 2023, alertó la Contraloría General de la República, al hacer un balance sobre las graves consecuencias financieras de esta medida.
Según el ente de control, la afectación económica en 2023 ya alcanzó los $610.000 millones y de no ajustarse las tarifas en un 4,64 % la cifra podría llegar a los $410.000 millones adicionales en 2024.
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Estos recursos, que no ingresan por el cobro de los peajes, deben ser asumidos por la Nación, es decir, todos los colombianos terminan pagando con sus impuestos estas compensaciones a los concesionarios viales.
La Contraloría expresó su preocupación por los posibles efectos de esta situación en la ejecución de importantes proyectos de infraestructura, como la restauración del Canal del Dique y la construcción de Autopistas del Caribe; cuyos retrasos en estos proyectos podrían generar costos adicionales significativos para el Estado y afectar a la comunidad.
Carlos Hernán Rodríguez, contralor general, hizo un llamado a los ministerios de Transporte, Interior y Ambiente, así como a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a los concesionarios para que tomen las medidas necesarias para cumplir con los contratos y evitar mayores perjuicios para el país.
El jefe del organismo de control advirtió que la terminación anticipada de algunos de los contratos de concesión vial podría generar cuantiosas pérdidas para el Estado, al tener que pagar indemnizaciones a los concesionarios sin haber recibido las obras pactadas.
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La Contraloría señaló, además, que la decisión de congelar las tarifas de peaje no ha sido suficientemente justificada por el Gobierno y que los posibles efectos de esta medida sobre los contratos de concesión no fueron debidamente evaluados.
En el caso del proyecto de restauración del Canal del Dique, la Contraloría advirtió sobre la posibilidad de retrasos significativos en su ejecución, debido a la aparición de nuevas consultas previas, la exigencia de una licencia ambiental y los requerimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Respecto a la concesión de Autopistas del Caribe, el ente de control precisó que el proyecto aún no ha iniciado obras y se encuentra en riesgo de terminación anticipada, debido a las dificultades para establecer las estaciones de peaje y a la oposición de las comunidades.
Según la Contraloría, continuarán vigilando de cerca el cumplimiento de los contratos de concesión vial y exigiendo a las autoridades competentes que adopten las medidas necesarias para garantizar la ejecución eficiente y transparente de los proyectos de infraestructura.
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