El Departamento Nacional de Planeación (DNP) presentó este lunes un diagnóstico preocupante del Sistema General de Regalías (SGR), al revelar que $12,1 billones están en riesgo debido a irregularidades en 2.094 proyectos.
Estos fondos podrían haberse utilizado para importantes proyectos de infraestructura, como el suministro de agua para La Guajira, el acueducto de Quibdó y Buenaventura, y el abastecimiento de agua en Urabá.
“A mi llegada al DNP, debo manifestar que encontré un sistema general de regalías marchitado en donde las irregularidades que hemos detectado con mi equipo a cargo del subdirector General de Regalías, eran pasadas por alto sin importar que miles de colombianos y de colombianas en sus territorios observan cómo el dinero de sus regalías quedaba en obras inconclusas, disfuncionales, suspendidas y con plazos vencidos”, afirmó Alexander López, director de esa entidad.
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De acuerdo con la investigación, en el periodo de 2017 a 2024 se aprobaron 19.393 proyectos por $68,54 billones, con una concentración significativa de recursos entre 2021 y 2023.
De esos proyectos, 12.106 han sido terminados, 656 aún no han sido contratados y 6.631 están en ejecución. El informe del DNP destacó que 1.497 proyectos tienen plazos vencidos, 301 tienen contratos suspendidos y 296 enfrentan ambos problemas.
Además, se detectaron 277 proyectos que fueron reportados como terminados pero no superaron el 85% de ejecución.
El DNP también identificó 2.133 proyectos por $3,5 billones que no registran en el sistema el acta de terminación. En respuesta, se expidió una circular conjunta con la Procuraduría y la Contraloría para endurecer los controles.
Además, se firmará un convenio con la Fiscalía General para capacitar a los equipos de investigación en el SGR.
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El informe reveló una alta concentración de recursos en pocos ejecutores y municipios, con $22,11 billones manejados por entidades distintas a los entes territoriales.
Solo 11 ejecutores concentran $6,6 billones, incluyendo entidades como la Agencia de Infraestructura del Meta y la Fundación Universidad del Valle.
López enfatizó en que se tomarán medidas adicionales, como verificar todos los ajustes solicitados a proyectos en territorio y firmar un convenio con las juntas de acción comunal para asegurar el control social sobre los proyectos.
Según el funcionario, la urgencia en la investigación y protección de estos recursos es esencial para evitar mayores pérdidas y asegurar el cumplimiento de los objetivos del SGR.
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