Por indebida destinación de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) durante 2020 –es decir, el monto que el Estado desembolsa para la atención en salud de cada afiliado–, este lunes la Contraloría General de la República identificó hallazgos fiscales por $6 billones en 24 EPS.
Entre las EPS investigadas se encuentran Aliansalud EPS, Asmet Salud EPS, Salud Total o EPS Suramericana. Lo anterior, tras una actuación especial de fiscalización realizada por la Contraloría para analizar el uso y destino de los recursos y presupuestos máximos girados.
“Para evaluar la gestión fiscal, la Contraloría utilizó la información de los estados financieros certificados por el representante legal, dictaminados por el revisor fiscal de cada una de las Empresas Promotoras de Salud y registrados ante la Superintendencia Nacional de Salud, correspondientes a las vigencias fiscales 2019, 2020 y 2021”, explicó la entidad.
Según el organismo, las EPS pagaron servicios de salud de vigencias anteriores al año 2020 con los recursos de la UPC por $5.4 billones, los cuales tenían una destinación específica y no podían ser utilizados para fines distintos a los previstos en la Constitución y la ley.
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Por ejemplo, la EPS S.O.S. pagó con recursos excedentes de la UPC del 2020, entre otras fuentes, deudas por $86 mil millones del período comprendido entre las vigencias 2003 a 2015, cuando las obligaciones ya estaban prescritas y/o las acciones judiciales habían caducado.
Además, la Nueva EPS pagó servicios de salud de vigencias anteriores con la UPC de 2020, correspondientes a las vigencias 2008 a 2015, por valor de $62 mil millones, al igual que CONVIDA EPS que pagó la suma de $4 mil millones en este mismo lapso. Por otra parte, la EPS ECOOPSOS pagó la suma de $1.621 millones de vigencias anteriores.
Al alertar también que hay dineros que no tienen evidencia de su uso, la Contraloría alertó por mayores valores pagados por $5.3 billones, que resultan de la diferencia entre lo facturado por servicios prestados frente a lo pagado, como es el caso de la Nueva EPS, en la que se evidenciaron pagos sin soportes por valor de $2.1 billones y en la EPS FAMISANAR, por $643 mil millones.
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Finalmente, hay pagos que no guardan relación de causalidad con los servicios de salud. “La NUEVA EPS, accedió a créditos bancarios durante las vigencias 2019, 2020 y 2021, por un total de $3.9 billones, de los cuales $40 mil millones fueron destinados a pagos de honorarios a miembros de junta directiva, vales de gasolina, anticipos de viajes, clases de yoga y pilates, bonos de regalos, pautas radiales, gastos de nómina, Planes Complementarios de Salud (PAC), entre otros, incluidos los intereses que fueron pagados con recursos de la UPC”, precisó el ente.
Por todo esto, se determinaron 61 hallazgos con incidencia administrativa, 37 hallazgos con incidencia fiscal, por cuantía de $6 billones que dan lugar al inicio de procesos de responsabilidad fiscal; 37 hallazgos con presunta incidencia penal, 37 con presunta incidencia disciplinaria; 24 hallazgos para la apertura de Indagaciones Preliminares, por cuantía de $5.3 billones; 37 hallazgos con otras incidencias para traslado.
“La Contraloría reitera que los recursos de la salud son de naturaleza púbica y parafiscal y se rigen por el principio de legalidad del gasto, por lo que su destinación debe circunscribirse de manera exclusiva al mandato legal taxativo y perentorio”, precisó.
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