La Contraloría General de la República recomendó este viernes una revisión estructural del régimen tarifario de los servicios públicos en el país, señalando que los incrementos en costos y las deficiencias en la focalización de subsidios están afectando de manera negativa a los usuarios más vulnerables.
Carlos Hernán Rodríguez, contralor general, enfatizó en la necesidad de minimizar el riesgo de desabastecimiento de gas y evitar la dependencia de importaciones que podrían elevar las tarifas y afectar la soberanía nacional.
"No se trata solo de que el servicio se interrumpa, sino que podríamos ver un incremento tarifario que perjudicaría a las clases más desfavorecidas", advirtió.
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En el mismo estudio, la Contraloría detectó incrementos considerables en las tarifas de acueducto, alcantarillado y aseo, con costos operacionales superiores al promedio en varios municipios.
“Es preocupante que estos aumentos no necesariamente reflejen una mejora en la calidad o cobertura del servicio", señaló Rodríguez durante el foro "Una mirada al régimen tarifario de los Servicios Públicos Domiciliarios".
Ineficiencias y ajustes necesarios
El ente de control también recomendó fortalecer el sistema de inspección y vigilancia, particularmente a cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos, y ajustar el Sistema Único de Información (SUI), que presenta reportes incompletos o inexactos por parte de los prestadores de servicios.
Según Rodríguez, estas deficiencias complican la formulación de políticas y el control efectivo del sector.
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Adicionalmente, hizo un llamado al Gobierno para que fomente la colaboración entre las entidades competentes y garantice la sostenibilidad financiera del sector energético.
"Las deudas acumuladas, los problemas en la distribución y las demoras en el giro de subsidios están impactando gravemente a los prestadores", explicó.
En cuanto a los servicios de energía y gas, el Contralor recordó que, aunque la firma del "Pacto por la Justicia Tarifaria" en 2022 fue un paso positivo, no ha solucionado los problemas estructurales del sector.
Entre 2022 y 2023, las tarifas de energía eléctrica aumentaron un 43% a nivel nacional, afectando especialmente a la Región Caribe. Según la Contraloría, las ineficiencias en la distribución y la falta de inversión en infraestructura siguen elevando los costos para los usuarios finales.
Rodríguez concluyó su intervención reiterando la necesidad de una reforma tarifaria que no solo equilibre los costos, sino que también priorice una mayor cobertura y calidad en los servicios públicos.
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