La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al representante a la Cámara del Pacto Histórico Pedro José Suárez Vacca por el delito de prevaricato por acción agravado en modalidad continuada, al haber concedido y mantenido la prisión domiciliaria a un condenado por secuestro simple cuando la ley expresamente prohibía ese beneficio.

La Sala le impuso una pena de 68 meses y 24 días de prisión y una multa equivalente a 99,99 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 110 meses y 11 días. Asimismo, negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, disponiendo librar orden de captura para el cumplimiento de la sanción una vez quede en firme el fallo.

Los hechos ocurrieron entre 2008 y 2009, cuando Suárez Vacca se desempeñaba como Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, Boyacá. En ese cargo, concedió y posteriormente mantuvo la prisión domiciliaria a favor de un condenado por tráfico de estupefacientes agravado y secuestro simple, pese a que la Ley 750 de 2002 excluía expresamente ese beneficio para quienes hubieran sido condenados por este último delito.

La Sala estableció que, al adoptar las decisiones del 23 de enero de 2008 y 15 de septiembre de 2009, el entonces juez omitió verificar los antecedentes penales del solicitante y desconoció las restricciones legales aplicables. Para la segunda providencia, además, ya conocía la condena por secuestro simple y, aun así, mantuvo el beneficio.

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"La responsabilidad del procesado se sustenta en el conocimiento y la voluntad de apartarse del derecho al proferir las providencias cuestionadas, sin que sea necesario acreditar la existencia de un cohecho o de una contraprestación económica para tener por satisfecho el elemento subjetivo del tipo", señaló la Sala.

La defensa intentó enmarcar la conducta dentro de un posible error derivado de la carga laboral y de la práctica de delegar en otros funcionarios la elaboración de proyectos de providencia. La Corte desestimó el argumento: "tal explicación no resulta de recibo en este caso", precisó.

Tras un examen del caso concluyó que no se trató de actuaciones aisladas, sino "manifestaciones sucesivas de una misma voluntad dirigida a conceder y mantener un beneficio legalmente improcedente". Por ello, la Sala encontró acreditada la modalidad continuada de la conducta.

Como medida de restablecimiento del derecho, el fallo ordenó al condenado publicar, por una sola vez y a su cargo, un resumen de la sentencia y una manifestación escrita de excusas públicas dirigida a la Rama Judicial, al Estado colombiano y a la sociedad.

La condena contra Suárez Vacca representa un golpe para el Pacto Histórico, que ha ostentado la bandera de la lucha contra la corrupción judicial. El congresista, elegido para el periodo 2022-2026, deberá hacer efectiva la pena en prisión una vez la sentencia quede en firme.

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