Durante la caótica jornada del 28 de abril en Cali por el Paro Nacional habría daños “en inmuebles y patrimonio” que superan los 80.000 millones de pesos, según el alcalde Jorge Iván Ospina.

El mandatario aseguró que durante las protestas “hubo dos momentos: el de la movilización, derecho que tienen los ciudadanos consagrado en la Constitución, y al mismo tiempo por otro lado, hubo un atentado aleve y premeditado con el interés de dañar a Cali”.

Aunque el miércoles indicó que una persona falleció en el oriente, en medio de los desórdenes, Ospina aclaró que pese a la magnitud de los hechos “no tenemos ningún fallecido durante las protestas”.

No obstante, se investiga la veracidad de algunos videos que circulan en redes, en los que se observan personas lesionadas. El mandatario insistió que en Cali se ordenó evitar el uso excesivo de la fuerza así como la circulación de armas letales durante la jornada.

“Desafortunadamente, hubo 55 heridos, entre ellos 40 con lesiones leves, mientras que los quince restantes sufrieron traumas moderados y graves. Cinco de ellos aún están recibiendo atención médica”, detalló.

También advirtió que cada “ciudadano venezolano que participe en actividades delictivas, debe ser deportado”, al referirse a la identificación de varios extranjeros en los saqueos a supermercados, almacenes de cadena y otros establecimientos comerciales.

“No estoy en contra de la migración porque hay grandes mayorías de extranjeros apoyando al desarrollo de Cali, pero el grupo que participó activamente de estos hechos han sido identificados, algunos detenidos y no nos queda más que la deportación”, señaló.

Finalmente dijo que “quienes promovieron la movilización hoy no dan cuenta de la irresponsabilidad. Sin duda tienen derecho constitucional, pero no tienen derecho a que en medio de esta, ocurran hechos vandálicos y ahora estén con los labios cerrados. Demuestra una falta de evaluación de contexto criminal y por la pandemia, por eso deben darle respuesta a la sociedad por lo ocurrido”.

“Creo que fue fraguado para crear espacios de tensión en un país que necesita acuerdos. No me queda duda de que hubo planificación”, dijo el alcalde.

87 policías heridos

Ochenta y siete policías heridos, 26 personas capturadas, 13 entidades bancarias destruidas y cientos de daños materiales, fueron el resultado de la jornada de movilizaciones que se adelantó este miércoles en varias ciudades del país en contra de la reforma tributaria.

El director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, informó que entre los capturados hay once menores de edad, quienes serán presentados ante las autoridades competentes.

Agregó que a lo largo del país también fueron destruidas cámaras de fotomultas, supermercados de cadena y tres estatuas afectadas, entre ellas la de Sebastián de Belalcázar en Cali, donde Vargas informó que se encuentran en el proceso para capturar a los responsables.

Por su parte en Medellín las autoridades reportaron 15 sucursales de entidades financieras vandalizadas y saqueadas, nueve locales comerciales, que además fueron saqueados e intentaron incendiarlos y 45 vehículos particulares y dos de servicio público dañados.

Por el lado de las instalaciones públicas las autoridades reportaron la afectación de seis semáforos y varias señales de tránsito. También fueron destruidos siete paraderos de buses y cuatro cámaras de fotodetección.

En Bucaramanga por su parte, de acuerdo con las autoridades, aunque en su gran mayoría la marcha fue pacífica, se presentaron complicaciones al orden público que dejaron como saldo 15 establecimientos afectados, cinco policías heridos y dos personas detenidas.

Daños contra el Palacio de Justicia

En el marco del paro nacional que se adelanta desde este miércoles y completa dos días de movilizaciones, el Consejo Superior de la Judicatura anunció que los daños al Palacio de Justicia perpetrados durante la primera jornada, ascienden a 120 millones de pesos.

"Luego del balance se estima que los daños que se presentaron el día de ayer (miércoles) ascienden a más de 120 millones de pesos, pues se registró la destrucción de puertas electrónicas de acceso, vidrios y deterioro a las fachadas, así como el hurto de elementos de seguridad, causados durante la jornada de protesta", expuso el Consejo.

La corporación aseguró que daños como los reportados por los sistemas de seguridad del Palacio de Justicia de Bogotá, Alfonso Reyes Echandía, conllevan el detrimento del patrimonio de todos los colombianos. Resaltó, además, que con la reacción de los escuadrones móviles antidisturbios de la Policía se impidió la toma violenta de las instalaciones.

La entidad que administra la justicia en el país rechazó enfáticamente los hechos de violencia que evidencian no solo los daños a la infraestructura de las sedes judiciales en el país, sino el riesgo al que se expuso la vida e integridad de los servidores judiciales y los ciudadanos.

"El Consejo Superior de la Judicatura reitera su compromiso de acatamiento absoluto por los derechos de la ciudadanía, en especial ejercicio de su derecho a la protesta pacífica que define el Estado Social de Derecho, sobre el cual se funda la democracia en Colombia", resaltó.