Aunque la COVID-19 ha causado hasta ahora la muerte de 111.000 colombianos, todavía existe un amplio sector ciudadano que se resiste a vacunarse en medio de una rebeldía, especialmente entre los jóvenes que ignoran los riesgos a los que se exponen.
Se trata de personas que podrían llegar a una Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, para atravesar un proceso doloroso, que a veces termina con su deceso al agotarse todos los esfuerzos médicos.
Mitos, temores y creencias erradas siguen formando parte de un cúmulo de noticias falsas sobre efectos adversos que circulan en las redes sociales para cuestionar el plan de vacunación, por el cual han pasado hasta el momento 19,7 millones de colombianos.
Cabe recordar, que la vacuna libra a las personas hasta en un 97 % de ser internadas en una UCI y el riesgo de fallecer por el virus. Pero si se abandona el autocuidado y el no uso del tapabocas, existe una probabilidad de contagio (entre el 3 % y el 5 %), pese a la protección de la vacuna.
Ante esta situación, dice el inmunólogo, Rodolfo Herrera, deben evitarse las fiestas con grandes aglomeraciones, los conciertos en barrios y parques, que son focos de contagio.
Como una forma de convencer a rebeldes y escépticos están en marcha nuevas estrategias para invitar a las personas a inmunizarse en vista de que la meta es cobijar entre el 75 % y el 85 % de la población. En otras palabras, que, a inicios del año 2022, unos 40 millones de colombianos tengan esquema completo de vacunación, de ellos unos 3,2 millones en el Valle.
¿Vacunación obligatoria?
Ante las altas tasas de mortalidad y contagio en Colombia, algunos analistas han sugerido la aplicación obligatoria de la vacuna como sucede en Francia.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que constitucionalmente a ningún ciudadano se le puede obligar a tomar decisiones sobre su cuerpo, pero no hay mucha claridad si eso es posible o no en el marco de una pandemia como la que hoy enfrenta el país.
Frente a esa polémica propuesta, la epidemióloga y docente de la Universidad del Valle, Lyda Osorio, sostiene que “la obligatoriedad es un tema de ética en salud pública, y uno podría pensar que por tratarse de un problema tan grave de salud pública prima el bien colectivo sobre las preferencias o los derechos individuales”.
De esta misma forma, recalca la especialista, “se aplican normas sobre el uso del tapabocas, las restricciones a la movilidad, entre otras. Pero hemos visto que existen problemas en su cumplimiento y por eso es mejor agotar todos los esfuerzos de información y comunicación para que se tomen las decisiones de vacunarse y adherirse a las medidas de bioseguridad como un asunto de responsabilidad ciudadana”.
Pone de presente la doctora Osorio que “es posible que se pudiera justificar la obligatoriedad de la vacunación cuando se trata de cuidadores de adultos mayores, o en áreas de cuidado de personas a mayor riesgo de complicaciones por COVID-19. También al interior de los grupos familiares podrían acordar vacunarse, lo que puede ser un buen punto de partida”.
Eliminar barreras
Cada vez más jóvenes están cayendo enfermos a causa del Covid. Sin embargo, el Ministerio de Salud mantiene las barreras para vacunar solo aquellos con comorbilidades, o enfermedades de base.
Para tal efecto, el Gobierno expidió el Decreto 744 que autoriza la inmunización solo para personas entre 12 y 39 años de edad bajo certificación médica.
El resto de los jóvenes sanos tendrá que esperar. Frente a ello, el epidemiólogo de la Universidad Libre de Cali, Rodolfo Herrera, dice que “se deben desmontar esas barreras para que todo el mundo tenga acceso a la vacunación para acelerar la inmunidad colectiva”.
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