La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana por el aumento de los riesgos para la población en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, donde advirtió una consolidación del control territorial ejercido por grupos criminales y estructuras armadas ilegales.

El documento señala que las dinámicas delictivas ya no responden únicamente a fenómenos simples de criminalidad urbana, sino a un modelo de "gobernanza criminal", en el que estructuras ilegales ejercen mecanismos de regulación sobre comunidades vulnerables, imponen normas de conducta y restringen la movilidad mediante las denominadas "fronteras invisibles".

La alerta identifica como principales actores de riesgo a organizaciones como 'Los del Sur', 'Los del Norte' o 'San Rafael', 'Los Claverianos', 'Los Paparotes', 'Choricaldas', 'Los Manchados' y remanentes de 'La Cordillera', además de advertir la presencia de células del 'Tren de Aragua', dedicadas al sicariato, la extorsión y el control de expendios de droga.

También señala que el área metropolitana funciona como corredor estratégico para actividades logísticas del Eln y del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), debido a su conexión con el Catatumbo, el Magdalena Medio y la frontera con Venezuela.

Entre las principales preocupaciones figura la expansión del mercado de drogas sintéticas como el "tusi", el MDMA, el LSD y la ketamina, cuya comercialización, según la entidad, se realiza cada vez más mediante plataformas digitales y servicios de mensajería, facilitando su acceso a entornos escolares y recreativos.

Lea aquí: ¿Puede la IA acompañar la salud mental? Esta es la apuesta de un psicólogo cucuteño

La Defensoría también alertó sobre la utilización de niñas, niños y adolescentes como transportadores de drogas, armas y dinero, así como sobre su instrumentalización para actividades de vigilancia criminal.

El informe advierte, además, que parte de las estructuras criminales continúan coordinando homicidios, extorsiones y retaliaciones desde los centros penitenciarios de Palogordo y La Modelo, donde incluso se ha documentado el ingreso de armas, drogas y dispositivos de comunicación mediante drones.

Asimismo, identifica amenazas permanentes contra funcionarios del Inpec por parte del grupo denominado 'Mago', que ha ejecutado ataques en represalia por las medidas de control carcelario.

La Defensoría también evidenció impactos diferenciados sobre distintos grupos poblacionales. Las mujeres trans enfrentan altos niveles de violencia basada en género y pérdida de sus medios de subsistencia debido al control territorial de organizaciones ilegales; comerciantes y líderes sociales continúan siendo víctimas de extorsiones y amenazas; mientras que personas migrantes, habitantes de calle y firmantes del Acuerdo de Paz presentan condiciones especiales de vulnerabilidad frente a estas estructuras.

Frente a este panorama, el organismo formuló 27 recomendaciones dirigidas a entidades nacionales y territoriales, entre ellas los ministerios de Defensa, Interior y Justicia, la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección, el ICBF, la Gobernación de Santander y las alcaldías de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

Las medidas incluyen fortalecer las capacidades de investigación, reforzar la seguridad en centros penitenciarios con tecnología antidrones, prevenir el reclutamiento y la utilización de menores de edad, combatir las economías ilegales en entornos digitales y ampliar las acciones de protección para las poblaciones en mayor riesgo.

La entidad advirtió que, de no adoptarse medidas oportunas, las estructuras criminales podrían consolidar su control sobre nuevos territorios, incrementar la producción y distribución de drogas sintéticas, expandir las redes de extorsión y profundizar la instrumentalización de menores de edad, con mayores afectaciones para la seguridad y los derechos humanos en el área metropolitana de Bucaramanga.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .