Las masacres de La Granja y El Aro fueron perpetradas por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en junio de 1996 y octubre de 1997, respectivamente, cuando el hoy expresidente Álvaro Uribe Vélez se desempeñaba como gobernador de Antioquia.
Las denuncias en su contra por una presunta participación en estos hechos, así como en el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, comenzaron a tomar fuerza a comienzos de la década de 2000, especialmente tras el testimonio del exparamilitar Francisco Villalba, quien señaló a Uribe de haber ordenado los crímenes.
En 2013, el Tribunal Superior de Medellín compulsó copias por primera vez a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que investigara al exmandatario por estos hechos.
Desde entonces, el expediente ha atravesado avances y retrocesos que desembocaron en la decisión anunciada este jueves por la Fiscalía de llamar a indagatoria al expresidente para que responda por las denuncias relacionadas con las dos masacres.
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Al conocerse la decisión, Uribe manifestó su sorpresa porque el llamado a indagatoria se produjera a pocas horas de las elecciones.
Sin embargo, no es la primera vez que el exmandatario comparece ante la justicia por este caso.
En noviembre de 2023 rindió versión libre ante la Fiscalía, luego de que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso afirmara ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que Uribe "siempre tuvo conocimiento" de la masacre de El Aro.
Años antes, y previo a su extradición a Estados Unidos, Mancuso había sostenido una versión distinta, asegurando que Uribe no tuvo participación en esos hechos.
La investigación por las masacres de El Aro y La Granja tuvo actuaciones en la Corte Suprema de Justicia mientras Uribe ejerció como senador. No obstante, en 2020, tras su renuncia al Congreso, el proceso pasó a conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.
Hasta ahora, ninguna de las dos entidades había citado al expresidente a indagatoria por este caso.
En 2018, la Corte Suprema declaró estos crímenes como de lesa humanidad, por lo que la investigación no prescribe.
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