El 28 de marzo, un Jueves Santo, Timothy Alan Livingston fue capturado en Medellín junto a dos niñas menores de edad en el hotel Gotham. Desde entonces, el complejo residencial cerró totalmente sus puertas, la Alcaldía de Medellín suspendió mediante decreto la prostitución y los titulares de extranjeros detenidos en el país por explotación sexual de niñas, niños y adolescentes se hicieron más visibles.
La conversación que el suceso abrió deja ciertos hilos sueltos que van desde indicios de corrupción, por los que la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra la Policía del Valle de Aburrá, hasta muchas incertidumbres sobre la capacidad institucional del país para proteger a la infancia ante las redes cada vez más intrincadas de explotación sexual.
Mientras Livingston continúa con paradero desconocido, las autoridades han encontrado otros casos, como el de Stefan Andrés Correa, un estadounidense de 42 años detenido el 19 de abril cuando se disponía a viajar a Medellín por cuadragésima sexta vez en el último año. La justicia norteamericana ya lo procesa, las leyes colombianas se preguntan qué hacer en el largo plazo.
Según datos de la Fiscalía General de la Nación, en los últimos cuatro años Colombia ha registrado 9.489 procesos por delitos relacionados con explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA), de los que 252 se presentaron en los primeros tres meses del 2024. Las cifras se presentaron en el Congreso en medio del trámite de una iniciativa para fortalecer la lucha contra el flagelo.
El proyecto, de autoría de la senadora Nadia Blel, aprobado en primer debate el 23 de abril, aspira a endurecer las penas para delitos que se relacionen con la explotación sexual de menores de edad, así como dar un paso adelante en el enfrentamiento a prácticas como el grooming, un método de manipulación y acoso sexual de personas adultas hacia niñas, niños y adolescentes.
Colombia, de todos modos, no puede quedarse en una modificación superficial de normas, sino enfrentar toda una cadena de factores que incluyen desde el machismo hasta aspectos del país que propician la explotación.
Danitza Marentes, subdirectora general de Valientes Colombia, explica que en Estados Unidos existe una lista pública de personas involucradas en casos de violencia sexual que cualquier vecino, colegio o empresa puede revisar. Se llama National Sex Offender Registry. Colombia tiene una plataforma similar, un sistema de consulta de inhabilidades por delitos sexuales, aunque no es igual de efectiva.
“Uno puede descargar un certificado que diga que no tiene inhabilidad por haber cometido delitos sexuales, pero es una plataforma que casi nadie conoce, es relativamente nueva. Además, hay que tener en cuenta que ahí se suben los casos sentenciados y en Colombia un caso fácilmente puede demorarse diez años”, indicó. Es decir, en Colombia no hay un adecuado control de agresores sexuales.
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La ausencia de un chequeo efectivo de quiénes se acercan a menores de edad también se presenta en autoridades migratorias. A veces, de acuerdo con Laura Suárez, oficial regional de programas para América latina y el Caribe del Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC), lo que ocurre es que cada entidad adelanta investigaciones por su cuenta sin que haya una adecuada coordinación.
Además, afirma la experta, es necesario ajustar los presupuestos para una mejor atención para menores de edad, algo que hasta ahora no se ve reflejado en buena parte de los episodios. “Idealmente, un caso de un niño que ha sido víctima de abuso y explotación sexual debería ser tratado con un forense, un psicólogo y un trabajador; es como una triada que debería tener”, detalló.
Es decir, se requiere un compromiso político hacia el futuro del Estado y los dientes que aspira a mostrarle a la ESCNNA. Cuando Timothy Alan Livingston escapó hacia Estados Unidos, las primeras declaraciones del alcalde Federico Gutiérrez apuntaron a señalar que ese caso era solo “la punta del iceberg” de una realidad más enrevesada. El problema es que su respuesta se quedó en esa punta.
Gutiérrez expidió al menos dos decretos que, en su concepto, le contestan a la explotación sexual de menores. Con ellos se prohíbe la oferta de servicios sexuales en El Poblado por seis meses y se limita el horario de funcionamiento de bares y establecimientos de licor hasta la una de la mañana. Sin embargo, estos actos administrativos no atacan la raíz del problema.
Por ejemplo, que el trabajo sexual se detenga no impide que la demanda de él también lo haga, sobre todo cuando las redes de trata de personas —como a la que presuntamente pertenecen Timothy Alan Livingston y Stefan Correa— utilizan las redes sociales para contactar a sus víctimas, como se ha comprobado con otros casos de extranjeros capturados en las semanas más recientes.
Medidas como las adoptadas por el mandatario paisa se encaminan a “intentar apagar el fuego inicial” que provoca la indignación, como remarca Laura Suárez. Si se alargan por un tiempo, pueden rozar con una especie de superficialidad, como ocurre en zonas turísticas de Cartagena, donde la Policía no permite que trabajadoras sexuales estén en establecimientos de comercio pero no hace nada si las observa caminando.
Sin embargo, son acciones que se toman de acuerdo con la realidad que cada órgano puede enfrentar. Al encaminarse a mejorar de fondo el panorama, y pensar en mecanismos de largo plazo, se requieren campañas interdisciplinarias y coordinación interinstitucional. “Es superimportante que no dejemos de lado a otros actores que son importantes en este trabajo”, añade Suárez.
“Lo que pasa con la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, o delitos como la trata de personas, es que son delitos sumamente invisibilizados. Entonces, creemos que son algo nuevo o que solo se centran en un lugar, y no es así”, subraya Danitza Marentes. El observatorio que dirige ha contabilizado 509 víctimas en 361 denuncias de ESCNNA en lo que va del año.
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Bogotá es la ciudad con más víctimas desde 2010, el año en que Valientes Colombia empezó a monitorear la explotación sexual de menores de edad en el país. La capital del país acumula 5.690 víctimas desde entonces hasta lo corrido del 2024. Antioquia, por su parte, lleva 4.628 víctimas; Valle del Cauca, 3.899; Santander, 1.148; Cundinamarca, 1.141; de ahí en adelante, ningún departamento pasa de las mil.
El problema, precisa Merentes, es “un gran subregistro”. “Muchas personas no saben que están siendo víctimas del delito; muchas personas están siendo amenazadas; a veces, cuando las autoridades reciben las denuncias confunden el delito con abuso sexual, secuestro u otros, y no en todo el país se tienen las mismas facilidades para denunciar como en las ciudades capitales”, acota la experta.
Colombia enfrenta falencias estructurales que, de acuerdo con Merentes, propician escenarios de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. En primer lugar, la desigualdad; en segundo, condiciones políticas, sociales y económicas que promueven violencias basadas en género; en tercero, la imagen de la mujer colombiana en el mundo, “la más bella, muy sexy, fácil, se le puede pagar”.
“Entonces, ¿qué pasa? Están llegando extranjeros con ideas de ‘en Colombia puedo tener sexo con niñas y adolescentes de catorce, quince y dieciséis años, y la ley lo va a permitir”, sostiene la subdirectora de Valientes Colombia, y manifiesta que “se han dado tours, promociones, paquetes turísticos para esto, para venir a las fiestas, para buscar droga y para explotar sexualmente a niñas, niños y adolescentes”.
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