El exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez, se declaró inocente de los cargos imputados por la Fiscalía, en relación con una supuesta trama de corrupción orquestada para adjudicar un contrato para la expedición, almacenamiento y entrega de pasaportes en Colombia.

El ente acusador precisó que en la diligencia judicial le imputó al exfuncionario los cargos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público.

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Los hechos en cuestión ocurrieron en febrero de 2026, cuando Salazar habría excedido sus competencias, “en el entendido de que solo tenía funciones administrativas y de coordinación institucional, y no contaba con autonomía para reabrir y adjudicar procesos contractuales cerrados”, según el reporte de la Fiscalía, emitido este miércoles.

La manzana de la discordia fueron tres resoluciones (la 1394, 1395 y 1396 del 26 de febrero de 2024) expedidas por el entonces secretario de la Cancillería, “por medio de las cuales revocó el acto administrativo que declaró desierta la licitación y negó el recurso de reposición interpuesto por el postulante que buscaba quedarse con el contrato, y dio por terminada anticipadamente la urgencia manifiesta que suspendió el proceso contractual”, recalcó el acusador.

Estas decisiones facilitaron la adjudicación de un contrato con vigencia hasta el 31 de julio de 2026, por valor de $559.000 millones de pesos, que quedó en manos de un único proponente.

La Fiscalía, además de ese supuesto entramado ilegal relacionado con un contrato, le imputó a Salazar el presunto enriquecimiento ilícito porque durante su estancia en la Cancillería, de agosto de 2022 a febrero de 2026, compró un predio rural de $950 millones de pesos en el municipio de Puerto López.

De acuerdo con el fiscal del caso, en ese momento no tenía los recursos para la adquisición, sin que se advirtieran “transferencias o créditos ni soportes bancarios o patrimoniales que soporten la compra de los inmuebles”.

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