El presidente Gustavo Petro quiere aplicar la fórmula de los subsidios en pleno año electoral. Y lo quiere hacer en 2023, cuando el país está citado a urnas para reconfigurar el poder regional, escenario político en el que Pacto Histórico quiere conquistar varias alcaldías claves como Bogotá, Medellín y Cali.

La decisión de la Casa de Nariño de poner en la base de la financiación de la reforma tributaria los giros a la gente va en la misma línea de la fórmula que Petro aplicó en 2014, cuando era alcalde de Bogotá y puso casi un salario mínimo de la época ($720.000) en los bolsillos de 9.300 adolescentes y adultos que vivían en entornos de violencia con el programa “jóvenes en paz”.

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Ese formato terminó financiando el consumo de drogas y no llevó a todos sus beneficiarios al empleo formal, como lo constató el mismo Idipron en un informe (ver facsímil). A pesar de ese resultado, Petro ahora quiere aplicar el mismo programa a gran escala.

Muchos de los beneficiarios son integrantes de la primera línea que están próximos a salir de la cárcel gracias a la Ley para la “Paz Total” y que, por promover los proyectos del Gobierno, recibirán casi el mismo monto del salario mínimo que devengan los trabajadores.

En plata blanca: igual número de familias van a verse beneficiadas con los giros del Estado. Y no es una cuestión solo de los “pelados” de las protestas, pues el Ejecutivo también autorizó la entrega de $500.000 a las madres cabeza de familia en una actualización del formato de Ingreso Solidario que ahora llegará a alrededor de 324.000 hogares, según la cifra que dio la directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque.

Si se hacen las respectivas multiplicaciones, ese formato requeriría $1,9 billones anuales (cantidad de hogares beneficiados, por los 12 meses del año y el monto a girar). Y, si se suma ese valor con el dinero para los gestores de paz, ambos significan giros ya programados para 2023 por al menos $3,1 billones.

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Tributaria para subsidios

Las transacciones a las madres comenzaron en diciembre y las de los jóvenes inician en enero, a la par que los partidos empiezan a mover a los electores para las regionales del 29 de octubre que renovarán las gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos. Una audaz coincidencia de giros con votos y preción en las calles por la defensa de su Gobierno.

De ahí que la oposición ya esté mirando con duda la subsidiatón que alista el Gobierno. En palabras de la representante de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Érika Sánchez, “es la estrategia más ruin que un Gobierno y el ‘Congreso del cambio’ busque cómo afectar el presupuesto de la nación otorgando subsidios a diestra y siniestra a puertas de las elecciones”.

Es el mandatario quien decidirá la destinación de los $19,7 billones que recaudará la ya sancionada reforma tributaria el próximo año, un presupuesto que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, había detallado que se destinaría para la inversión social del Estado.

La cartera no ha terminado de hacer las cuentas de la destinación que tendrá esa billonaria financiación, que quedará en el Plan Nacional de Desarrollo y en el presupuesto general, pero ya está claro que en las prioridades estarán la lucha contra el hambre, el combate a la pobreza, la “economía popular” y la financiación a los sectores salud y educación.

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Ocampo dice que “los recursos adicionales se destinarán a programas sociales y de desarrollo productivo, necesarios para mejorar la calidad de vida de los colombianos y avanzar en la transformación productiva”. La promesa de la Casa de Nariño es que esa inyección de recursos sacará a dos millones de personas de la pobreza monetaria.

El piloto rolo de Petro

Si el jóvenes en paz de la Alcaldía de Petro fuera un piloto del programa que el ahora presidente pretende aplicar en todo el país, los resultados de esa prueba ya habrían dejado varios reparos.

A sus beneficiarios se les giraba plata a cambio de que estudiaran entre 4 y 6 horas al día para luego hacer prácticas laborales o un proyecto productivo. Pero al sistema le aparecieron problemas, como que los inscritos preferían mantenerse con ese subsidio en lugar de entrar a la vida laboral donde tenían que trabajar más horas.

Un informe publicado en diciembre de 2019 por el mismo Idipron reconoció que ese programa tuvo falencias porque los algunos beneficiarios utilizaban ese dinero para comprar drogas o financiar sus fiestas, e incluso les generó una distorsión sobre las realidades de la vida laboral.

Y es que cuando el Distrito le iba a buscar trabajo a los beneficiarios estos manifestaron que preferían seguir en programas del Estado en los que les daban casi el mismo monto correspondiente a un salario mínimo y no tenía jefes.

Esa preocupación por las implicaciones de los subsidios en la vida laboral también hace eco en el Congreso. El representante del Partido de la U, Víctor Manuel Salcedo, cuestiona que “¿cómo se va a conseguir mano de obra ahora que el gobierno va a regalar un millón? Va a desestimular el trabajo de la gente y no se puede premiar a sectores que han generado zozobra”.

Este diario consultó con la cartera de Hacienda de cuánto será el presupuesto de subsidios para 2023, pero desde la oficina de Ocampo señalaron que aún no se conoce ese monto porque habrá una adición presupuestal. Así que es cuestión de días para que llegue un año con más plata regalada a los colombianos, ¿funcionará?

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