Un gran entramado de corrupción se estaba presentado a escasos metros del despacho del director de la Policía, general Henry Sanabria. La patrullera y contadora Diana Carolina Morales Palma, analista de tesorería de la Dirección General, desvió cerca de 300 millones de pesos de la institución y los transfirió a terceros, incluyendo a familiares.

Las investigaciones presentadas en audiencias preliminares por el fiscal de conocimiento de la Justicia Penal Militar, mayor John Eduardo Niño, ante un juez de esta misma jurisdicción, revelan que este dinero logró ser transferido por la patrullera a través de cuatro transferencias ilegales, que se hicieron desde junio de 2022. Mientras que no logró concretar otras tres porque fueron detectadas a tiempo.

Las investigaciones revelan además que las transferencias fueron hechas a acreedores ficticios para desviar estos dineros, que fueron creados mediante engaños a sus compañeros de trabajo.

Lea además: Minero murió en un accidente de tránsito en la vía a Sardinata

“Estos usuarios son creados por otras personas. La patrullera Diana si utilizó las influencias o la confianza que le brindaban sus compañeras de trabajo para lograr que estas personas que se crearon como acreedoras pudieran figurar en los sistemas de la Policía”, explicó el fiscal de conocimiento de la Justicia Penal Militar durante las audiencias preliminares.

¿Qué dicen las investigaciones?

Según pudo conocer Colprensa, en estas audiencias preliminares, el 13 de octubre de 2022, teniendo en cuenta los diferentes procedimientos que se realizan en el grupo de tesorería de la Policía, el capitán Fabian Aguilera designó al intendente Jorge Andrés Bernal, para que validara las operaciones realizadas durante septiembre.

Estas verificaciones arrojaron inconsistencias. El capitán encontró que en el noveno mes del año se habían realizado tres operaciones de pagos por cerca de 300 millones de pesos, que no tenían ningún soporte para haberse hecho.

La primera de estas transacciones se realizó el 28 de septiembre a nombre de Wilmer Montenegro Fontalvo, por más de 69 millones de pesos, y otra más a esta misma persona por más de 37 millones de pesos.

El intendente también encontró que ese mismo día se efectuó otra transacción por más de 88 millones de pesos a Orlando Redondo, persona que endosó ese valor a Wilmer Montenegro Fontalvo.

Tras investigar estas transacciones, la Fiscalía determinó, en primer lugar, que Wilmer Montenegro Fontalvo era un acreedor ficticio.

“Wilmer Montenegro Fontalvo no tiene ningún soporte para ser un acreedor en la Policía Nacional, la Fiscalía le pidió al equipo de talento humano de la Policía y a la Secretaria General, si este usuario era beneficiario, era acreedor, o había firmado algún contrato, o tenía algún vínculo con la Policía, y las certificaciones demuestran que no es ningún beneficiario”, explicó el fiscal durante la diligencia.

Conozca: Incautan 5.000 botellas de licor de contrabando en Cúcuta

En este sentido, la investigación encontró que este usuario fue creado como acreedor contable por Alicia Paola García, quien era compañera de la patrullera Diana Carolina Morales, mediante engaños.

“Alicia Paola aclaró que los pagos no los hizo ella, sino que le facilitó el usuario a la patrullera Diana Carolina Morales, luego de que ella se lo pidiera para hacer las transacciones relacionadas con las funciones que ella tiene asignadas, porque había presentado fallas en su usuario”, explicó el fiscal.

No logró robar otros $75 millones

Pero el intendente Jorge Andrés Bernal, encontró más irregularidades. En octubre, otras tres transferencias ilegales por más de 75 millones de pesos se estaban ejecutando, pero gracias a su hallazgo no lograron consumarse.

Estas transacciones estaban dirigidas a Jimmy Javier Simancá, Orlando Escorcia Orosco y Rafael Petro Vergel, los cuales tampoco tenían ningún soporte para ser acreedores en la Policía Nacional.

En este caso, la creación de estos acreedores fue hecha por otra compañera de la patrullera Morales, también mediante engaños.

“Jessica Peña dijo que ella creó estos acreedores en el sistema por solicitud de la patrullera Dana. Que se había acercado con un papelito en el que le llevaba los dos nombres que acabo de mencionar, y que lo hizo por la confianza que tenía con ella”, explicó el fiscal.

Otro hallazgo

Tras estos hallazgos, la Policía ordenó revisar todas las transacciones de la Policía desde enero hasta octubre y encontró una irregularidad más. El 28 de julio se realizó una operación de pago por más de 89 millones de pesos a Esteban Luna Cárdenas, otro acreedor ficticio.

Este usuario fue creado por la usuaria Adriana Figueroa, contratista de la Policía, también compañera de la patrullera Diana Carolina Morales, mediante engaños.

“Con este usuario se llega a este pago, que se logra mediante el engaño que hace la patrullera Diana para que Adriana pudiese hacer ese registro, como acreedora de la Policía”, explicó el fiscal.

Se declaró culpable

Por estos hechos, la patrullera Diana Carolina Morales fue capturada el pasado miércoles al frente de sus compañeros en la Dirección General de la Policía.

Tras su captura, el fiscal de conocimiento de la Justicia Penal Militar, mayor John Eduardo Niño, imputó a la patrullera los delitos de peculado por apropiación y desobediencia, los cuales aceptó.

Tras aceptar cargos, la patrullera sería condenada a una pena superior a los 15 años. Por ahora la mujer permanece recluida en los calabozos de la Dijin.

Le puede interesar: Hombres armados merodean casa materna de diputado ocañero 

Cero tolerancia a la corrupción

Esta decisión judicial se enmarca dentro de la política de cero tolerancia contra la corrupción que ha impuesto desde su llegada su director, José Reyes Rodríguez.

En entrevista con Colprensa, Reyes Rodríguez dijo que sabe que esta justicia ha tenido muchos problemas en el pasado, pero que se pueden corregir.

“Yo puedo decir que este, como muchos sistemas, no ha sido perfecto, pero se puede perfeccionar. Hay situaciones que comparten sus defectos estructurales con el sistema antiguo y entre esos es la falta de unos adecuados controles. Entonces vamos a disminuir los tiempos para que esos productos sean de calidad, pero además oportunos, porque hay un estándar de los tiempos que lo fija la ley, pero esto se ha banalizado y ya casi no se miran”, explicó Reyes Rodríguez.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.