A través de un comunicado con tono diplomático, pero contundente, el Gobierno dejó claro que está dispuesto a evaluar las deportaciones, pero que de ninguna manera podrían darse de un solo golpe y de manera masiva, sino que tendrían que estudiarse caso a caso.
Tal como aseguraron los ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores de Colombia “la repatriación de connacionales es un proceso individual -no masivo-, que responde a criterios objetivos -no a la simple voluntad de los Estados parte-, y que debe contar con el consentimiento de la persona privada de libertad de conformidad con solicitud presentada por escrito por parte del interesado o de su representante legal o, por el país de nacionalidad del sentenciado, previo consentimiento de la persona que va a ser trasladada”.
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Adicionalmente, el Gobierno recordó que ambos países rigen este tipo de trámites bajo el Convenio sobre Tránsito de Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales y Marítimas y Aeronaves del 18 de abril de 1990.
Dicho acuerdo, establece que la solicitud se debe hacer caso a caso y debe contar con uno de los siguientes criterios de repatriación.
“Que la persona haya cumplido al menos el cincuenta por ciento (50%) de la pena. Que se presente estado de salud grave, progresivo e irreversible por enfermedad de la persona condenada en el extranjero; o, situación de discapacidad con deficiencia física o mental grave o completa, con dependencia severa o máxima total de la persona condenada; o, que la persona privada de libertad tenga sesenta y cinco (65) años o más; o por estado de salud grave, progresivo e irreversible por enfermedad de los padres, hijos y/o cónyuge o compañero(a) permanente de la persona condenada”, afirma el comunicado.
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Por último, el Gobierno Petro reiteró “los estrechos lazos de amistad y cooperación existentes entre la República de Colombia y la Republica del Ecuador” y, así mismo, manifestó su “total disposición para activar los canales requeridos con dicho fin”.
Cabe recordar que Ecuador actualmente atraviesa por una grave crisis de orden público provocada por los grupos narcotraficantes. Justo por eso, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, está anunciando una serie de medidas que intentan descongestionar el poder judicial y hacer más fácil el manejo de las cárceles, entre otras cosas.
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