Un informe sobre la acontecido en el departamento de Risaralda, donde a una bebé indígena de la comunidad Embera Chamí le fue practicado un procedimiento de ablación (mutilación genital), deberá entregar el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a la Procuraduría General de la Nación.
El ICBF deberá decir que gestiones ha hecho para el restablecimiento de los derechos de la bebé indígena y su madre adolescente de 15 años de edad, informe que deberá incluir las acciones adelantadas por el ICBF, para combatir y prevenir esta práctica en niñas y adolescentes del país.
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En el caso reportado por el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, la menor de quince días de nacida se le reportó con “diagnóstico de desnutrición severa, gastroenteritis y amputación traumática de los genitales”.
De acuerdo con el Ministerio Público, “el ICBF también deberá confirmarle a la Procuraduría si se han adelantado escenarios de diálogo o sensibilización con las autoridades del resguardo Gito Dokabu de Pueblo Rico (Risaralda) y con las comunidades y pueblos indígenas en los que se ha identificado este flagelo”.
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Precisa la Procuraduría que, “atendiendo a que la mutilación genital femenina corresponde a una forma de violencia sexual y en cumplimiento de las funciones preventivas y de control, el ICBF deberá reportar al Ministerio Público el número de Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos – PARD, abiertos desde el año 2018 a la fecha por violencia sexual, relacionado con hechos de mutilación genital femenina en niñas y adolescentes”.
En respuesta al pronunciamiento de la Procuraduría, la directora regional del ICBF en Risaralda, Claudia Serna, sostuvo que “el instituto ha tenido conocimiento de los casos de la práctica de la ablación, hace dos semanas tuvimos los primeros dos casos y esto llevó a que el Hospital San Rafael activara las alarmas y generara una estrategia para realizar un chequeo médico a todas las niñas que llegaran al hospital para identificar se han sido víctimas de esta práctica. En esta situación se encuentran siete niñas adicionales, dos del departamento del Chocó y las otras correspondientes a Risaralda”.
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