Por más de 130 asesinatos a civiles y desapariciones forzadas en Antioquia fue imputado por la JEP el exgeneral del Ejército Mario Montoya Uribe, además de ocho uniformados de entonces.

“Ríos, litros, carrotancados de sangre” fueron órdenes recurrentes, señaló la JEP. El principal interés de Montoya, dijo la Jurisdicción Especial, fue que hubiese bajas en combate, lo que presionó en toda jerarquía militar a conseguir “resultados” y puso en riesgo a la población.

La JEP también lo sindica por mentir en el número de bajas y encubrir los resultados certeros. Además, por amenazar con retirar a oficiales que no reportasen muertos. “Usted no sirve para nada”, decía, según la JEP, cuando algún soldado no presentaba muertes.

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Para la Jurisdicción Especial, Montoya impuso el conteo de cuerpos como único indicador válido de éxito de las Fuerzas Militares. Con ello, siendo superior militar, instigó o indujo a los autores materiales, debido a su “posición privilegiada”.

La práctica que consolidó los patrones criminales de ‘falsos positivos’ creó una “política de facto”, en la que se creó la narrativa y el estigma que en su momento pretendió justificar la muerte de civiles.

“No fueron hechos aleatorios, ocasionales o aislados”, recalcó la JEP.

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