La Fiscalía acusó formalmente este martes al exgobernador de Santander Hugo Aguilar ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, como presunto responsable de un esquema de corrupción configurado alrededor de un contrato de suministro de juguetes para niños de escasos recursos, en el cual se habrían omitido los deberes de vigilancia estatal para permitir el desvío de millonarios recursos públicos.

Durante la audiencia pública, la fiscal delegada expuso los hallazgos sobre el convenio suscrito en agosto de 2007, cuyo valor original superó los $650 millones. Según la investigación, el contrato, destinado a llevar regalos a la población infantil vulnerable del departamento en las festividades de fin de año, se convirtió en una fuente de lucro ilegal para terceros debido a la falta de control del entonces mandatario.

El ente acusador reveló una disparidad alarmante en la ejecución del acuerdo: el contratista "entregó 36.000 de los 130.000 juguetes que debía suministrar". Sin embargo, las irregularidades no se limitaron al incumplimiento en las cantidades, sino que incluyeron maniobras financieras para inflar los precios.

La Fiscalía explicó que se tramitó un modificatorio al contrato que aumentó "el valor de cada artículo de 5.000 a 6.500 pesos". Esta operación, lejos de beneficiar a los menores, "permitió a la fundación apoderarse de 416 millones de pesos", dinero que debía destinarse a las familias más pobres de Santander.

El escrito de acusación detalló un escenario de absoluta improvisación administrativa. Las evidencias recolectadas dieron cuenta de "inconsistencias en la fase precontractual como estudios previos incompletos".

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La Fiscalía enfatizó la gravedad de la "ausencia de un censo poblacional", una carencia técnica que impidió a la Gobernación saber cuántos menores vivían realmente en condiciones de pobreza y en qué municipios se encontraban, lo que demostró una total "falta de claridad sobre la necesidad de avanzar en el proyecto".

Sumado a la falta de planeación, se cuestionó el método de selección. La administración de Aguilar no abrió licitación pública, un mecanismo diseñado para asegurar transparencia y en su lugar "fue seleccionado directamente una fundación que no tenía la idoneidad ni capacidad para cumplir con las actividades previstas".

Por estos hechos, Aguilar enfrentará juicio por los delitos de "contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros agravado".

El ente investigador concluyó que el exmandatario "habría omitido sus deberes de control y vigilancia sobre la contratación pública", ignorando anomalías evidentes en la planeación, celebración y ejecución del contrato que terminaron por lesionar el patrimonio del departamento.

La Fiscalía sostuvo que el dirigente político falló en su "deber constitucional de vigilancia, control y seguimiento", permitiendo que recursos sagrados de la niñez terminaran en bolsillos particulares.

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