La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene un plazo de 30 días para decidir sobre la priorización del Caso 11, que investiga los crímenes de violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes cometidos por prejuicio, odio o discriminación de género, sexo, identidad y orientación sexual diversos en el conflicto armado.

Así lo ordenó la Subsección Quinta de la Sección de Revisión, al fallar una acción de tutela interpuesta por la Procuraduría General de la Nación y la señora Yolanda Perea Mosquera, quienes pedían el amparo de sus derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia en un plazo razonable.

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Es de recordar que, tras los reclamos de víctimas y entidades para la apertura del macrocaso 11, que estudiará y juzgará casos de violencia sexual en el conflicto colombiano, la entidad anunció la apertura de este nuevo grupo de investigaciones, pero que a hoy no se tiene fecha oficial del inicio.

En el caso concreto de esta acción de tutela interpuesta por la Procuraduría General de la Nación y la señora Yolanda Perea, la solicitud está relacionada en la consolidación de un universo provisional de hechos de violencia basada en género, violencia sexual y violencia reproductiva, sumado a una propuesta de patrones de macro criminalidad y la identificación preliminar de personas presuntamente responsables.

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En la decisión se concluyó que “el tiempo que ha transcurrido desde que se inició la fase de agrupación y concentración del Caso 11, sin que se haya definido aún su priorización, resulta desproporcionado y trasgrede los derechos de las víctimas”.

Para llegar a esa conclusión, la Sección tuvo en cuenta el término con el que cuenta la Sala de Reconocimiento de Verdad para concluir sus labores de investigación y el límite temporal que tiene la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA) para formular las acusaciones ante el Tribunal para la Paz, en este último caso contra los comparecientes que no acepten responsabilidad ni aporten verdad.

“Ha habido incumplimiento del principio de estricta temporalidad y se ha vulnerado el derecho constitucional de las víctimas de violencia sexual a la debida diligencia. También, de las obligaciones internacionales del Estado para investigar y sancionar estos hechos”, expresa la decisión.

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