Doña Ana tiene 78 años y reside en Barrancabermeja, Santander. Su hijo, un adicto a las drogas, la acompañó a reclamar su subsidio de Colombia Mayor, de $240.000. Pero lejos de velar por su bienestar, la abandonó en la calle con una bolsa y una sombrilla, y se fugó con el dinero.

Desde entonces, doña Ana deambula por el sector comercial, sin destino ni esperanza. Su mente está nublada por la demencia senil y no puede expresarse con facilidad. A veces olvida su identidad y la de su hijo. Los comerciantes le tienden la mano con alimentos y bebidas, pero ella los rehúye con temor. Solo anhela que su hijo vuelva a buscarla y la lleve a su hogar.

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Lo que ignora doña Ana es que su hijo incurrió en un delito al desampararla. La ley colombiana sanciona con prisión de hasta 8 años a quien maltrate o abandone a un adulto mayor, sobre todo si es un pariente. No obstante, nadie ha reportado el caso ante las autoridades competentes.

El caso de Doña Ana, que se conoció en mayo pasado en todo el mundo, es una más de las numerosas víctimas del abandono de los adultos mayores en Colombia, un país que lidera el ranking latinoamericano en esta forma de violencia.

Por eso, es vital denunciar cualquier situación que vulnere los derechos de esta población, que merece respeto, cuidado y protección.

Esto es lo que establece la ley sobre el abandono del adulto mayor en Colombia.

Las penas por el abandono de los adultos mayores

El abogado Emanuel Reyes explica que la ley colombiana es clara: quien maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su familia puede ir a la cárcel de 4 a 8 años.

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Pero si la víctima es un adulto mayor o una persona en situación de vulnerabilidad, la pena se incrementa de la mitad a las tres cuartas partes.

Esto quiere decir que el abandono de un adulto mayor puede tener una condena de hasta 14 años de prisión, según las circunstancias del caso.

La ley también castiga a las instituciones que desamparen a las personas mayores a su cargo, como asilos, centros de día o residencias.

Estas pueden perder los permisos o conceptos favorables de funcionamiento y pagar una multa de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que equivalen a unos 18 millones de pesos.

La ley tiene como objetivo asegurar el bienestar y la dignidad de las personas mayores, que a menudo son víctimas de abuso, negligencia o indiferencia por parte de sus parientes o cuidadores.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en 2020 se reportaron 1.272 casos de violencia intrafamiliar contra adultos mayores en Colombia, lo que supone un aumento del 6% respecto al año anterior.

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