A menos de cuatro meses para que se lleven a cabo las elecciones territoriales, en las que se elegirá a alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles, la Misión de Observación Electoral (MOE) publicó su cuarto informe de Seguimiento al Proceso Electoral en el que analiza, entre otras cosas, la violencia contra liderazgos políticos y la financiación a las campañas en curso.

En su análisis, la MOE criticó el enfoque de la Registraduría Nacional de comunicar su preocupación sobre la presencia e incidencia de grupos armados en el territorio nacional frente a los comicios que se avecinan.

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La razón, es que esa actitud ancla una duda a la posibilidad de realizarse las votaciones, aún cuando “Colombia ya tiene experiencia en desarrollar procesos electorales en medio de dificultades de violencia”, resaltó la MOE.

La Misión sugirió que se activen y se den a conocer las acciones encaminadas a prevenir este tipo de acciones, en lugar de solo emitir alertas.

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, señaló que “con un poco menos de cuatro meses para las elecciones locales de 2023, las distintas instituciones del Estado deben darle atención prioritaria a las garantías para el ejercicio de la política, activando las acciones de prevención, mitigación y protección que garanticen un proceso democrático libre de violencia”.

Zonas en riesgo

La MOE se refirió puntualmente al paro armado del Eln en el sur del Chocó, el quinto de este año. En ese orden recomendó mantener actualizado el análisis de seguridad de los distintos puestos de votación localizados en zonas rurales, garantizar el desplazamiento de los funcionarios de la organización electoral y definir los planes que permitan disponer de espacios seguros para el proselitismo electoral.

También reiteró al Alto Comisionado de Paz incluir, dentro de los temas que se discuten en las mesas de negociación con el Eln, el respeto de los derechos políticos de los colombianos dentro del periodo electoral.

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Financiación sin reportar

El aplicativo Cuentas Claras es el mecanismo oficial para el envío de informes de ingresos y gastos de las campañas políticas, por lo que es una obligación reportar allí cada suma de dinero.

No obstante, de acuerdo con el informe, ninguno de los 305 Grupos Significativos de Ciudadanos registrados ha reportado información respecto a sus ingresos. De estos, solamente tres han reportado gastos por un total de $149.937.602 de pesos.

Según la veeduría electoral, llama la atención porque al contrastar la información con la biblioteca de anuncios de Meta se encontró que desde el 29 de marzo hasta el 28 de junio de 2023, 52 grupos siginificativos de ciudadanos habían pautado anuncios publicitarios por una suma superior a los $505 millones.

De estos, 16 cuentas corresponden a aspirantes a gobernaciones $205 millones y 36 a alcaldías de capitales departamentales por cerca de $300 millones.

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“Es decir, a pesar de haber erogado estos gastos, los mismos no han sido reportados en Cuentas Claras, así como tampoco los ingresos con los que se financió toda esta publicidad”, cuestionó la MOE.

“Respecto a los 229 grupo significativso de ciudadanos que aspiran a inscribir candidaturas para las elecciones de alcaldías de ciudades capitales departamentales, se encontró un comportamiento similar al de las gobernaciones en lo relacionado a los ingresos y gastos, de manera particular a los que se refieren a los gastos de publicidad en las redes sociales”, dicta el informe de la veeduría ciudadana.

Así mismo la MOE informó que a corte del 23 de junio había recibido 233 reportes de irregularidades en el sistema Pilas con el Voto. Los dos tipos de irregularidades que se han presentado con más frecuencia son frente a publicidad y medios de comunicación, con 129 reportes, e irregularidades en la función pública, con 66.

La situación más frecuente ha sido propaganda anticipada o de expectativa, donde precandidaturas realizan publicaciones en redes sociales y participan en eventos públicos utilizando distintivos de campaña, identificándose como candidatos, pese a que la Ley solo autoriza la propaganda electoral en espacio público a partir del 29 de julio, o en medios desde el 2 de agosto.

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