Pasada casi una década de las revelaciones alrededor de la telaraña de corrupción que orquestó Odebrecht en Colombia y otros 11 países, no cesan los coletazos de uno de los entramados criminales más sonados del continente, el cual puso a tambalear las más altas esferas del poder. El más reciente capítulo de esta novela judicial involucra nada menos que al excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, a quien le faltaron poco más de 900.000 votos para gobernar en 2014.

Para entender el sinfín de ramificaciones, protagonistas y desenlaces que tiene el escándalo –que, como pocos, ha puesto contra las cuerdas a empresarios, congresistas y gobernantes– hay que entender los dos grandes tentáculos alrededor de los cuales la constructora brasileña montó su entramado de ilegalidad.

Por un lado, las coimas y sobornos para hacerse a obras de infraestructura, punta en la que hay mayores avances de la justicia.

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Por el otro lado se encuentra la financiación ilegal de campañas presidenciales, un hecho que la Constitución prohíbe para los aportes de empresas extranjeras. Por hechos similares –la financiación irregular de campañas–, en su momento fue investigado el expresidente Ernesto Samper durante el proceso 8.000. Recientemente, el hoy presidente Gustavo Petro resultó salpicado tras las revelaciones del embajador Armando Benedetti frente al supuesto ingreso de $15.000 millones.

En este frente, en el caso de Odebrecht, los avances han sido minúsculos y por años ese proceso pasó de agache. Sin embargo, al fin se comienzan a ver resultados y hoy tambalean exmagistrados del Consejo Electoral (CNE), excandidatos y exfuncionarios.

El responsable de que nuevamente el país esté hablando de los tentáculos de Odebrecht es Daniel García Arizabaleta, exdirector de Invías en época de Álvaro Uribe y quien fue mano derecha de Zuluaga en 2014. El exfuncionario destapó dos reveladores audios (divulgados por Semana) en los que, en contravía de sus declaraciones de los últimos años, el excandidato admite que sí sabía del ingreso de esos dineros a su campaña.

Por estos hechos el CNE archivó las investigaciones contra Zuluaga, así como contra el expresidente Juan Manuel Santos, pese a que el gerente de su campaña, Roberto Prieto, reconoció que Odebrecht financió afiches por 400.000 dólares. Esas determinaciones hoy tienen en la mira a los exmagistrados Alexander Vega (registrador) y Carlos Camargo (defensor del Pueblo).

Incluso, se ha ventilado que –según la emisora W Radio–, Tomas Uribe, hijo del expresidente Uribe, habría sido intermediario en una supuesta reunión entre directivos de Odebrecht y el grupo Nule en Panamá en 2010.

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Los caminos judiciales

Pese a los pobres avances del CNE, la Fiscalía dio un vuelco a la investigación y, con base en las pruebas que aportó Arizabaleta, citó a audiencia de formulación de cargos a Zuluaga.

El excandidato –a cuyas cuentas de campaña habrían ingresado 1,6 millones de dólares para contratar al publicista ‘Duda’ Mendoça–, deberá responder por falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular. El caso también salpica a su hijo David Zuluaga Martínez, quien fuera su gerente de campaña y a quien le imputarán fraude procesal.

De acuerdo con el abogado César Augusto Vargas, especializado en derecho penal y criminología, aunque es prematuro determinar el monto de la pena a la que se enfrentarían, lo cierto es que el delito de fraude procesal implica una pena máxima de 8 años, mientras que el enriquecimiento ilícito 10 años.

El trámite más inmediato, explica el jurista, es la imputación, en la que le comunicarán los cargos. A partir de allí, según la estrategia que asuma su defensa, Zuluaga tiene dos caminos: “Puede llegar a un preacuerdo para revelar más detalles y aceptar cargos. Tendría un descuento punitivo de hasta el 50%. El otro escenario es que no acepte cargos y vaya a juicio”, un proceso que tardaría años y en el que podría terminar encarcelado de manera preventiva.

Incluso, hay quienes han sugerido que, alegando una persecución política, Zuluaga pida asilo político en otro país. “Se tendría que analizar si se configuran los elementos de dicha persecución, pues existe una grabación en la que él está aceptando unos hechos”, sostuvo Vargas. En esa línea, precisó que la justicia deberá determinar qué tan legal fue la grabación de Arizabaleta.

Frente a David Zuluaga la situación sería diferente: “Lo importante es determinar si tenía conocimiento de estos hechos. No se sabe qué cuentas le presentaron”.

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