Diferentes reportes han mostrado durante los últimos años un aumento desmedido del hacinamiento en las Estaciones de Policía y las Unidades de Reacción Inmediata (URI), que sobre pasan casi entre el 200 % y 300 .
Estos fríos números se hacen más impactantes cuando se ven en el lugar, como le pasó al magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, luego de un recorrido este lunes por cinco estaciones en Bogotá, tras la sentencia sobre el Estado de Cosas Inconstitucionales.
“Es un choque que le genera a uno un efecto psicológico bien grave, pero de todas maneras nuestra misión como jueces no solamente es verificar una acción mediante documentos, sino además verificarla in sito”, expresó el magistrado durante la visita.
Estaciones de policía con capacidad para 60 y 80 personas que tienen hasta 285 o 300 presos es la situación que se vive actualmente, o que decir de un baño para más de 40 personas, que fue lo que se evidenció tras el recorrido realizado con medios de comunicación este lunes.
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Al ser consultados sobre la situación de los presos, la Policía asegura que, por lo menos, la mitad se encuentra en estas estaciones, llevan más de un año de estar condenados y deberían estar en custodia del Inpec, pero “no nos asignan un cupo en las cárceles, no hay”.
Tras hablar con varios presos, aseguran que la comida llega en mal estado y siempre están enfermos, no tienen baños disponibles para su aseo y menos para dormir en las noches. Muchos otros aceptan ser reincidentes y piden ser trasladados a una cárcel, porque ya están condenados hace más de un año.
Sobre lo evidenciado, el magistrado aseguró que no solo vio hacinamiento, sino además “hay problemas de salubridad, falta de atención derivados de enfermedades infectocontagiosas y, adicionalmente, problemas de salubridad derivados de agua potable y de saneamiento básico, no hay celdas adecuadas. Hay unas dificultades no solamente que corresponden al hacinamiento, sino que otras muy graves que atentan contra la vida e integridad y las condiciones de los recluidos”.
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Un problema de años
Tras el recorrido, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez explicó las responsabilidades de las autoridades sobre el hacinamiento y el Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI), que fue declarado hace ya varios años, sin solución alguna.
“Hay una serie de problemas estructurales en donde son responsables muchas autoridades por acción u omisión, eso es lo que hemos verificado en las sentencias en las cuales hemos declarado el ECI en el año 2012, 2013 y 2015, que se ha demostrado la falta de articulación de esas autoridades y no se han cumplido”, asegura.
Para el magistrado está claro que “no solamente la gran mayoría de las órdenes no se ha cumplido, sino que adicionalmente se ha incrementado el problema de las personas privadas de la libertad en estos establecimientos, razón por la cual ha aumentado el hacinamiento hasta el 300 %”.
Tras finalizar los recorridos por las estaciones de policía de Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y la Terminal de Transportes, el magistrado expresó que ya hay agendadas visitas a otras estaciones de policía en la capital y también en otras ciudades de Colombia.
“Estamos programando otras visitas a otros centros de detención de otras ciudades importantes en Colombia, donde se presenta una violación masiva de los derechos fundamentales de la población en Colombia”, puntualizó el magistrado.
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