Durante 2021, el Gobierno del presidente Iván Duque Márquez, evidenció avances en diferentes áreas, con el fin de beneficiar a los colombianos, esto a puertas de concluir su mandato que terminará en agosto de 2022.

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Así como se destacó por ejecutar proyectos relacionados con la educación, la salud y el apoyo a los migrantes venezolanos, también surgieron problemáticas relacionadas con la seguridad de los colombianos, la economía y el orden público del país.

Reforma tributaria

En abril, el exministro de Hacienda y actual codirector del Banco de la República, Alberto Carrasquilla, presentó ante el Congreso el proyecto de reforma tributaria, que pretendía recoger 25,4 billones de pesos, de los cuales 16,8 billones iban a ser aportados por los colombianos desde la declaración de renta. Dicha reforma se centraba en el IVA y la renta de personas naturales.

La propuesta de reforma, que entre otras cosas afectaba el bolsillo de los colombianos, especialmente de la clase media y alta en plena crisis económica de la pandemia del COVID-19, generó un gran descontentó social que llevó aq una movilización ciudadana que se extendió por varios meses.

Estas manifestaciones llevaron a Carrasquilla a renunciar como ministro. En su reemplazo llegó José Manuel Restrepo, quien se desmpeñaba como ministro de Comercio, quien logó sacar a flote la reforma, conocida como Ley de Inversión Social con amplias modificaciones.

La actual ley garantizó recursos por un valor de 15,2 billones de pesos que, según Restrepo, le generan estabilidad social y económica al país. El proyecto contempló apoyos e incentivos que contribuyeron a la reactivación económica y medidas para mantener los proyectos sociales.

En materia económica algunas de las acciones a destacar de Restrepo y Duque es el aumento del salario mínimo para 2022 de un 10,7 %, quedando en 1.000.000 de pesos, con un auxilio de transporte que alcanzó los 117.172 pesos. Según el Gobierno, este es el aumento más alto en los últimos 50 años.

Plan de vacunación

Diferentes sectores se mostraron escépticos de cómo se desarrollaría el plan de vacunación contra el COVID-19 en Colombia, el cual arrancó en el país el 17 de febrero de 2021 y el cual tenía la meta de vacunar a más de 35 millones de ciudadanos antes de cerrar el año.

Aunque muchos compararon los avances en materia de vacunación con países como Estados Unidos y algunos de Europa, hasta el momento, gracias a los acuerdos que lograron la llegada de vacunas de diferentes laboratorios, viene avanzando de manera sostenida.

Actualmente, Colombia cuenta con más de 63.992.000 dosis aplicadas y más de 27.992.000 personas con el esquema completo, con un poco más de 230.000 dosis diarias aplicadas en todo el territorio nacional, permitiendo la inmunidad contra el virus y protegiendo las vidas de los colombianos.

En sus visitas a diferentes países, el presidente Duque logró concretar acuerdos que han beneficiado a Colombia en temas de investigación y apoyo en el sistema de salud, uno de los más relevantes y recientes se logró el 16 de diciembre y fue con Canadá, del cual se concertó que en 2022 en el territorio nacional ya se podrán desarrollar vacunas contra el Covid-19 y otras patologías.

Con la llegada al mundo de la variante Ómicron, el Ministerio de Salud de Colombia y el mundo continúan en alerta a lo que pueda surgir nuevamente como emergencia sanitaria.

“Colombia es sexto en el índice Bloomberg de manejo de pandemia. Aún tenemos el reto de Ómicron. Es fundamental avanzar en el Plan Nacional De Vacunación. Urgente vacunarse quienes no lo han hecho y buscar refuerzo todos los mayores de 18 años”, afirmó el ministro de Salud, Fernando Ruíz.

Protesta social

Los hechos violentos que surgieron en los paros nacionales de los años 2019, 2020 y 2021 dejaron en desfavorabilidad al Gobierno Nacional, situación que indignó a los colombianos por el uso desmedido de la fuerza pública en contra de los manifestantes, especialmente jóvenes que marchaban en las diferentes ciudades del país, y en vez de encontrar un apoyo del Gobierno, este mismo respaldaba a la fuerza pública de manera tajante.

El presidente Duque en todas sus declaraciones mantuvo su apoyo a los policías y miembros del Ejército de Colombia, pero de igual forma expresó que los miembros de la fuerza pública que hayan cometido crímenes deberán ser judicializados.

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Tanto ha sido la controversia, que recientemente se presentó una molestia del Gobierno con las diferentes dependencias de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, por la presentación de diferentes informes que confirmaban el abuso de la fuerza pública en contra de los colombianos.

Por otro lado, gracias a los reclamos e inconformidades de millones de jóvenes, el Gobierno implementó medidas como el subsidio empresarial para que las empresas empleen jóvenes, la gratuidad en la educación superior pública y los diferentes apoyos económicos como jóvenes en acción.

Relación con migrantes

El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes venezolanos ha sido una de las acciones más elogiadas por diferentes mandatarios internacionales al presidente Duque, esto por el hecho de apoyar a los migrantes que salen de su territorio en busca de nuevas oportunidades a las que no pueden acceder en Venezuela por el controversial mandato del presidente Nicolás Maduro.

Esta medida les otorgara a 1,8 millones de venezolanos el permiso de residir legalmente en Colombia durante los próximos 10 años, acceder a servicios de salud, vivienda, educación, entre otros.

Diferentes territorios han destacado a Colombia como un país solidario y valiente por recibir a esos ciudadanos, quienes le han contribuido económicamente al Gobierno para que siga apoyando la causa migratoria. Por otro lado, están las constantes tensiones entre los presidentes Duque y Maduro en sus relaciones quebradas, así como con las discusiones con Nicaragua y Cuba.

Seguridad

Durante 2021, el Gobierno logró darle fuertes golpes al narcotráfico y grupos ilegales, uno de los más importantes fue la captura de Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, jefe del Clan del Golfo y uno de los narcotraficantes más buscado del país. Aunque ‘Otoniel’ habría dado a entender en unas declaraciones que él se habría entregado, los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos confirmaron que no fue así, actualmente se está adelantando su extradición al país norteamericano.

A quien también se le aprobó su extradición fue a Carlos Antonio Moreno Tuberquia, alias ‘Nicolás’, señalado de ser el segundo cabecilla al mando del Clan del Golfo. Respecto a las disidencias de las Farc, el máximo líder Seuxis Pausias Hernández Solarte,  más conocido como 'Jesús Santrich', fue abatido en el mes de mayo en Venezuela. Quienes también murieron fueron Henry Castellanos, conocido con el alias de ‘Romaña’ y Hernán Darío Velásquez, alias ‘El Paisa’.

Acuerdo de paz

Desde que asumió su cargo, el presidente Duque y su partido Centro Democrático han demostrado descontento por algunas de las medidas que contempla el acuerdo de paz firmado entre las antiguas Farc y el Gobierno de Juan Manuel Santos, especialmente sobre la participación política de exlíderes de la guerrilla. Sin embargo, creó la política pública paz con legalidad, que le ha permitido a víctimas y excombatientes hacer una vida en la legalidad.

Por otro lado, después de tanta espera, en la siguiente legislación del Congreso serán ocupadas por primera vez las 16 curules de paz en la Cámara de Representantes, que liderarán las víctimas del conflicto armado. A pesar que en diferentes discursos Duque manifestó las falencias que tuvo el acuerdo final, ha enaltecido los avances que han surgido en su mandato.

Medio ambiente

En materia ambiental el Gobierno ha implementado diferentes medidas en sus dependencias que le permiten a Colombia contribuir con el medio ambiente y cumplir con las metas de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 51 % para el año 2030 y llegar a ser un país carbono neutral para 2050.

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP26, Duque ordenó medidas como extender sus áreas marinas que están protegidas en el corredor marino en el Pacífico este tropical junto a países como Costa Rica, Ecuador y Panamá, también firmó un compromiso de reducir las emisiones de gas metano en un 30 % para 2030, entre otras.

Tal ha sido el compromiso de Duque, que recientemente sacó el libro ‘El Camino Cero’, que habla sobre las estrategias que ha implementado e implementará Colombia para llegar a la carbononeutralidad. A pesar de ese balance positivo, en 2021 no se logró la ratificación del acuerdo de Escazú que, según el Presidente, ratificó con urgencia pero que aún está en estudio en el Congreso.

El proyecto expresaba la derogación de los artículos 5 y 6 del Decreto legislativo 491 de 2020, que solicitaban una derogación en los términos para atender las peticiones que estén en curso y se radiquen durante la emergencia sanitaria de la pandemia del COVID-19 estipulada por el Ministerio de Salud; y el contemplaba la suspensión de términos de las actuaciones  administrativas y jurisdiccionales.

El documento emitido por el presidente Duque objetó las derogaciones, explicando que se tendrá un tiempo de respuesta de los derechos de petición en un periodo de 30 días siguientes a la solicitud, las peticiones de documentos deberá responderse en 20 días y respecto a los documentos que soliciten respuesta de las autoridades en relación con su cargo se podrán responder en un periodo de 35 días.

“Hasta tanto permanezca vigente la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud, las autoridades administrativas a que se refiere el artículo uno del presente decreto, por razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, podrán suspender, mediante acto administrativo, los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. La suspensión afectará todos los términos legales, incluidos aquellos establecidos en términos de meses y años”, expresa el decreto.

El Gobierno expresó que la modificación de los tiempos se reanudará al siguiente día hábil en el que el Ministerio de Salud emita que Colombia superó la emergencia sanitaria del COVID-19, durante el actual periodo no avanzarán los periodos de caducidad y prescripción que se regulan en la ley que emite dichos tiempos.

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