En un encuentro entre la Fiscalía General de la Nación y la Unidad para las Víctimas, las autoridades destacaron la necesidad de acelerar los trámites relacionados con los bienes destinados a la reparación de víctimas del conflicto armado.
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La Fiscalía ha entregado 3.398 bienes al Fondo de Reparación a Víctimas (FRV) entre 2011 y noviembre de 2024, pero gran parte enfrenta problemas administrativos y ocupaciones no autorizadas.
De los bienes entregados al FRV, 2.242 presentan dificultades administrativas y 1.383 están ocupados sin autorización.
Las autoridades señalaron que es urgente determinar quiénes han facilitado estas ocupaciones e implementar un análisis técnico más riguroso antes de transferir los bienes al fondo.
Entre las solicitudes planteadas, la Unidad pidió celeridad en los trámites de extinción de dominio para monetizar los bienes y destinarlos a la reparación de las víctimas.
El seguimiento a bienes declarados por Salvatore Mancuso en 2022 reveló inconsistencias. Según el excomandante paramilitar, 105 inmuebles, más de 7.000 hectáreas en Tibú y La Gabarra, así como 23 mulas de carga y otros activos, no aparecen en los inventarios del FRV.
La Unidad solicitó que se adelanten investigaciones para localizar estos bienes y que se escuche a exjefes paramilitares como Carlos Mario Jiménez, Rodrigo Tovar Pupo y otros, con el fin de obtener información que facilite su ubicación.
La Unidad para las Víctimas reportó presuntos casos de corrupción relacionados con el manejo de bienes del FRV en administraciones anteriores. Una denuncia, presentada en marzo de 2024, involucra desvío de recursos y otros delitos.
Asimismo, denuncias relacionadas con contratos de empresas como Supergiros y Matrix Giros y Servicios S.A.S. exponen posibles desvíos por más de 147 millones de pesos. La Unidad pidió priorizar estos casos y asignar fiscales especializados para garantizar resultados efectivos.
Según el Registro Único de Víctimas, al 1 de diciembre de 2024, 39.575 mujeres han sido reconocidas como víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.
Las autoridades informaron sobre la preocupación de las víctimas por la falta de celeridad en las investigaciones penales.
Se solicitó claridad sobre las rutas de atención y los enfoques diferenciales aplicados a estos casos, resaltando la necesidad de garantizar justicia para las afectadas.
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