El conflicto armado en Colombia lleva por lo menos dos décadas reconfigurándose en una lógica que cada vez se distancia más de las capacidades de respuesta del Estado, que parece no conseguir adaptarse al mismo ritmo. En ese escenario, el país parece haberse congelado, mientras ve cómo cambian las formas de la violencia, se fragmentan los grupos armados, aparecen nuevas economías ilegales y las organizaciones criminales incorporan tecnologías que antes parecían reservadas para estructuras mucho más sofisticadas.

El problema, según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), es que mientras esa transformación avanza, Colombia sigue sin reconocer que ya no enfrenta exactamente el mismo fenómeno que enfrentaba hace veinte años, cuando el Estado aún podía, con ciertas dificultades, concentrar gran parte de su estrategia en enfrentar organizaciones con estructuras jerárquicas y una lógica militar más reconocible.

Para Javier Flórez, director de Seguridad y Conflicto de la fundación “hay que cambiar la página” y entender que el nuevo escenario del conflicto es la “violencia organizada”, es decir, una suerte de categoría híbrida en la que conviven características del crimen organizado, estructuras armadas y disputas territoriales.  

Esa nueva lógica, según Flórez, obliga a abandonar las respuestas uniformes y diseñar “políticas diferenciadas para cada territorio”, entendiendo que ahora, las organizaciones tienen comportamientos distintos dependiendo de la región y pueden combinar control territorial, economías ilegales, corrupción, redes de apoyo y mecanismos de cooptación institucional.

En este nuevo escenario, el componente militar continúa siendo necesario, eso es indiscutible, pero ya no puede ser la única respuesta frente a organizaciones, cuya política criminal ha estado avanzando hasta el punto de buscar aprovechar las instituciones estatales para favorecer sus intereses.

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“Tenemos que desnarcotizar la conversación”

De acuerdo con Flórez, parte de entender la nueva lógica del conflicto armado en el país, viene de aceptar que el narcotráfico, aunque continúa siendo fundamental, ya no es la única fuente de financiación de las organizaciones criminales, que han diversificado sus fuentes de ingresos y actualmente combinan actividades ilegales con negocios y circuitos legales.

En su argumento, concentrar la política de seguridad exclusivamente en esa economía deja por fuera otras fuentes de financiación como la minería ilegal, la extorsión, el tráfico de armas y personas, el acaparamiento de tierras, la explotación ilegal de recursos naturales y otras actividades que alimentan a las estructuras.

La propia FIP plantea que esas economías ya funcionan de manera interconectada y tienen todas las capacidades técnicas y operativas para combinar rentas ilegales, empresas legales, redes financieras y cadenas logísticas, lo que les permite resistir mejor cuando el Estado golpea únicamente uno de sus negocios. Es decir, mientras uno de los barcos se hunde, el resto de la flotilla sigue avanzando.

A lo anterior se suma toda la capacidad tecnológica que las estructuras no solo son capaces de financiar, sino de entender y operar. Allí aparecen drones, comunicaciones sofisticadas, conectividad satelital y plataformas digitales que les permiten mantener operaciones robustas con vigilancia, propaganda, reclutamiento y coordinación.

Esto en otras palabras, se traduce en adaptabilidad a los escenarios propios del conflicto, y a su vez, en necesidad de expansión y de nuevas incorporaciones a sus filas. Solo para 2025 los grupos armados ya habían superado los 27.000 integrantes, repartidos en 621 municipios y con 14 zonas activas de disputa, en las que se concentra cerca del 60% del impacto humanitario.

El divorcio y la desarmonía entre la política de paz y la política de seguridad

Una de las principales conversaciones de los últimos cuatro años en cuanto a la expansión y a las nuevas dinámicas del conflicto armando en el país apunta a la política de ‘Paz Total’ del Gobierno Petro. Allí se cuestionó y todavía se cuestiona si la estrategia en torno a las mesas de diálogo, la figura de los gestores de paz o los diálogos socio-jurídicos y paz urbana, entre otros, terminaron siendo la oportunidad que necesitaban las estructuras criminales para expandirse y diversificarse.

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Sin embargo, Flórez considera que los grupos armados ya venían expandiéndose desde después del acuerdo de paz y que ese proceso atravesó diferentes gobiernos, por lo que sería impreciso atribuirle todo el crecimiento a la política de Petro.

“Uno no puede decir que los grupos crecieron y se expandieron por la Paz Total. Esa afirmación sería irresponsable. Pero sí, la Paz Total contribuyó y facilitó que esos procesos se dieran de forma más profunda y compleja”, explicó.

Su crítica está, sobre todo, en la falta de coordinación entre las conversaciones y la política de seguridad. Para él, los espacios abiertos con los grupos armados no estuvieron acompañados por una estrategia estatal que permitiera contener simultáneamente su expansión.

“Ese divorcio, esa desarmonía entre la política de paz y la política de seguridad, y fuera del desorden mismo de la política de paz, permitió que eso sí facilitara ese incremento y expansión de los grupos”, señaló.

Resultados operacionales, ofensiva estatal y seguridad como política pública

El Gobierno de Abelardo de la Espriella llegó con una narrativa en la que la seguridad volvió al centro del discurso. En ella, la ofensiva estatal, el cierre de los diálogos de paz y los resultados operacionales son la principal apuesta de una promesa de campaña con la que se conquistó a gran parte del electorado decepcionado de la fallida política de ‘Paz Total’.

Incluso las imágenes del presidente caminando entre cadáveres son un ejemplo de las decisiones operativas y simbólicas que está tomando el Estado para combatir las estructuras criminales y demostrar la “mano dura” que prometió en campaña. Sin embargo, Flórez sostiene que, aunque esa podría ser precisamente la narrativa que el electorado quiere ver, se debe evitar que la comunicación de las operaciones termine reproduciendo la deshumanización de la violencia.

“El Estado no puede actuar con reciprocidad. No porque los otros lo hagan, yo tengo derecho a hacerlo. El Estado, por definición, debe cumplir siempre los estándares del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos”.

El problema, explica Flórez, es que aumentar las operaciones y evidenciarlas a la opinión pública no necesariamente afecta estructuralmente a las organizaciones criminales. Es decir, aunque el Estado se esfuerce en contabilizar y mostrar las capturas, incautaciones, operaciones y bajas, si no se llega a los “nodos críticos” como las redes de reclutamiento, los mandos medios, las estructuras financieras y los operadores logísticos y tecnológicos, los grupos armados seguirán expandiendo su control territorial.

Ahora, si a esta lógica ofensiva y netamente operacional se suma el cierre de los espacios de diálogo, el riesgo es que quienes se vean obligados a abandonar esos escenarios vuelvan a las armas y terminen robusteciendo las estructuras armadas existentes. De ahí la advertencia de Flórez sobre los riesgos de terminar las negociaciones “de manera desorganizada”, pues, sin una estrategia de transición, el cierre puede abrir la puerta a nuevos ciclos de violencia.

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