La guerra entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Frente 33 de las disidencias de las Farc incorporó en los últimos dos años una herramienta que modificó la manera de atacar en el Catatumbo: los drones comerciales adaptados para transportar o lanzar explosivos.
Lo que comenzó como una capacidad utilizada de manera puntual pasó a convertirse en una modalidad recurrente de ataque contra tropas, instalaciones militares y puestos de Policía, pero también con consecuencias para las comunidades que permanecen en las zonas donde se desarrollan las confrontaciones.
Un diagnóstico elaborado por la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos (Corporeddeh), con información recopilada entre el 1 de enero de 2025 y el 8 de septiembre de 2026, documentó 124 víctimas de ataques con drones en Norte de Santander.
De ese total, 73 corresponden a integrantes de la Fuerza Pública: 18 muertos y 55 heridos. Los civiles representan otras 51 víctimas: siete fallecidos y 44 heridos.
La comparación entre los dos años muestra que el fenómeno no se ha reducido. En 2025 fueron documentadas 55 víctimas, mientras que entre el 1 de enero y el 8 de septiembre de 2026 se contabilizaron 69, es decir, 14 casos más y un aumento del 25,45 %.
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El incremento adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que la cifra de 2026 corresponde a poco más de ocho meses, mientras que la de 2025 comprende los doce meses del año.
Una nueva forma de atacar
La utilización de drones comerciales modificados introdujo una diferencia frente a las formas tradicionales de confrontación en la región. Los grupos armados pueden emplearlos para observar movimientos de tropas, transportar artefactos y efectuar ataques a distancia sin exponer directamente a quienes los operan.
Corporeddh identifica al Eln y al Frente 33 como las estructuras que han recurrido a esta modalidad en el Catatumbo.
Los ataques han tenido como objetivos instalaciones y unidades de la Fuerza Pública, especialmente en sectores rurales y poblaciones donde la presencia estatal está sometida a presión permanente. En varios casos, sin embargo, las explosiones han alcanzado viviendas, vehículos, cultivos, animales, establecimientos educativos y lugares de culto.
La afectación, por tanto, no termina en el número de muertos y heridos. En los territorios donde se repiten estos ataques también se han presentado desplazamientos, confinamientos y restricciones para la movilidad de las comunidades.
Tibú y El Tarra, en el centro de los ataques
Durante 2025, Tibú, El Tarra, El Carmen y Teorama aparecieron entre los municipios más afectados por esta modalidad de violencia. En ese año se registraron 12 personas muertas por ataques con drones, siete de ellas integrantes de la Fuerza Pública, además de 42 heridos, entre militares, policías y civiles.
Para 2026, la lista de municipios con mayor afectación incluye nuevamente a Tibú y El Tarra, además de El Carmen, Sardinata y Ocaña.
En lo corrido del año, según el consolidado suministrado por Corporeddeh, los ataques han dejado 13 muertos —11 integrantes de la Fuerza Pública y dos civiles— y 56 heridos, de los cuales 35 pertenecen a la Fuerza Pública y 21 son civiles.
Uno de los puntos donde la situación ha sido más repetitiva es Filo Gringo, jurisdicción de El Tarra, identificado por la organización de derechos humanos como el corregimiento con mayor recurrencia de hechos relacionados con drones.
En contraste, la vereda 20 de Julio, en Tibú, concentra el mayor número de víctimas registradas en un mismo sector, con 16 personas afectadas.
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Ocaña también entra en el mapa
La expansión de esta modalidad hacia otros municipios quedó expuesta con los ataques más recientes atribuidos al Eln.
Uno de ellos tuvo como escenario el cantón militar de la Policía en Ocaña, donde se reportaron tres policías muertos y otros uniformados heridos. También se registraron ataques en El Carmen y Guamalito.
En Guamalito, la presión ejercida mediante estos artefactos llevó al retiro de los policías que prestaban servicio en esa población, según los reportes recopilados.
Estos hechos muestran otro cambio en el comportamiento del conflicto: el uso de drones ya no está circunscrito a los lugares más apartados del Catatumbo y puede alcanzar instalaciones de la Fuerza Pública ubicadas en centros poblados.
El saldo que no aparece en las cifras
El registro de Corporeddeh advierte que sus 124 víctimas corresponden exclusivamente a casos documentados y verificables. Por esa razón, la organización no incorpora en el consolidado a los integrantes de grupos armados que pudieron haber muerto o resultado heridos en ataques con drones cuando no fue posible corroborar la información.
Algunas fuentes consultadas por la corporación estiman que durante 2025 pudieron morir entre 15 y 30 integrantes de organizaciones armadas ilegales en confrontaciones o acciones relacionadas con estos artefactos. Esa cifra, sin embargo, no hace parte del consolidado oficial de víctimas por falta de verificación.
La distinción resulta importante para dimensionar el fenómeno. Mientras los datos sobre civiles y Fuerza Pública pueden ser contrastados mediante registros disponibles, la información sobre las bajas de los grupos armados permanece fragmentada.
Lo comprobable es que la incorporación de drones modificó el riesgo para quienes viven y trabajan en los territorios donde se enfrentan el Eln y el Frente 33.
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Una vivienda puede quedar afectada por una explosión dirigida contra una posición militar; un cultivo puede resultar destruido; una escuela o un lugar de culto puede sufrir daños; y una comunidad puede terminar confinada o desplazada después de una cadena de ataques.
Para Corporeddeh, la respuesta estatal debe incluir medidas de prevención, protección de civiles, atención a las víctimas y acciones destinadas a impedir nuevos desplazamientos y confinamientos.
El problema, sin embargo, ya no se limita a determinar quién controla una carretera, una vereda o un puesto militar. En el Catatumbo, una parte de la confrontación se trasladó al aire y convirtió un aparato comercial, modificado para transportar explosivos, en una nueva amenaza para militares, policías y habitantes de las zonas donde se libra la guerra.
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