En desarrollo de una sesión plenaria, la Cámara de Representantes hundió un proyecto de ley que, aunque le apostaba a crear normas relacionadas con seguridad vial, era señalado de otorgarle beneficios al denominado clan del megacontratista Euclides Torres, sindicado de apoyar y financiar parte de la campaña del hoy presidente Gustavo Petro.

Si bien la iniciativa –impulsada por el senador Pedro Flórez (Pacto Histórico), pareja de una sobrina de Euclides Torres– se encontraba en cuarto y último debate, una proposición de archivo radicada por congresistas de la Alianza Verde tuvo acogida entre las mayorías y finalmente, el proyecto se hundió con 73 votos a favor y 47 en contra.

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En particular, se hablaba que el proyecto traía consigo un artículo que obligaba a la Superintendencia de Transporte a implementar en todos sus vigilados el Sistema de Control y Vigilancia de Trámites de Tránsito (SICOV), una plataforma manejada supuestamente por empresas cercanas a los Torres.

Dicho sistema, como ha denunciado el portal La Silla Vacía, recibe dinero cada vez que un ciudadano realiza revisiones técnico-mecánicas, cursos y exámenes de conducción. Se estima que desde su implementación el SICOV ha recogido cerca de $186.000 millones. “Con ese artículo los Torres podían hacer crecer su emporio porque empezarían a facturar por barcos, trenes, aviones y cualquier sistema de transporte en Colombia”, determinó el medio.

Ante dicho artículo, que para algunos era considerado un ‘orangután’, congresistas como Catherine Juvinao o Cristian Avendaño sentaron su voz de protesta y lograron que las mayorías respaldaran su petición de archivo.

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“Si en el Gobierno quieren pagarle favores de campaña a Euclides Torres, pues presenten la ‘Ley Euclides’ y denle los negocios de frente. ¡Pero NO instrumentalicen la causa noble de la seguridad vial y las más de 8.000 muertes anuales en las vías para llenarse los bolsillos! Les hundimos el mico y lo volveremos a hacer las veces que toque. ¡El Congreso NO es para hacer negocios!”, reclamó Juvinao, quien sostuvo que “no se pueden tramitar leyes para pagar favores”.

A su turno, el representante Avendaño manifestó que el Congreso “no está para avalarle ningún tipo de negocio a financiadores de campaña. Celebro la decisión que tomó la Cámara por el riesgo que implicaba que el texto de Senado quedara como definitivo”, sostuvo.

Adicionalmente, la representante Jennifer Pedraza (Dignidad) reclamó que el proyecto de ley “estaba hecho a la medida del clan Torres”, en la medida en que “creaba barreras a la competencia, entregándoles casi en bandeja de plata la billonaria licitación del SICOV”.

De hecho, en su momento gremios como la ANDI rechazaron la iniciativa al advertir que su “finalidad es implementar medidas para la movilidad segura y lo que busca este artículo es establecer condiciones para un específico proceso de contratación estatal”.

Euclides Torres, jefe de un poderoso clan político del Caribe, es uno de los protagonistas de la presunta financiación irregular de la campaña del presidente Gustavo Petro. Ese proceso tiene judicializado a su hijo mayor, Nicolás Petro, quien ha revelado detalles de los aportes de Torres durante la campaña, incluyendo el préstamo de un lujoso apartamento en Bogotá y la ostentosa tarima en forma de ‘P’ en un evento de campaña en Barranquilla.

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“Obviamente, él es un contratista, un megacontratista, y tiene intereses en sectores importantes como transporte y el sector de la energía”, respondió en su momento Petro Burgos sobre Torres durante un interrogatorio de la Fiscalía

Una investigación del portal La Silla Vacía reveló que esos intereses se han traducido en contratos millonarios durante lo corrido del Gobierno Petro. Procesos con favorecimientos, alertas por sobrecostos e indicios de corrupción son los principales hallazgos que enredan al clan Torres con sus empresas vinculadas. En total, suman más de $180.000 millones de pesos en contratos relacionados con energías renovables y cambios de electrodomésticos para edificios públicos.

A Torres se le considera como el zar en temas de alumbrado y tránsito. En las últimas dos décadas ha creado un entramado con sociedades que no están declaradas como un grupo empresarial. En la práctica, están integradas por las mismas personas o son manejadas en la sombra por Torres, según revela la investigación.

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