En medio de la coyuntura electoral previa a la segunda vuelta presidencial, surgió una nueva polémica por un supuesto “mico” incluido en el proyecto de ley 227 de 2025. La iniciativa contiene un artículo que crearía un seguro obligatorio para todos los conductores del país, adicional al SOAT que actualmente deben pagar los propietarios de vehículos.
La denuncia fue realizada por el representante electo Daniel Briceño. Según explicó, la medida estaría contemplada en el artículo 37 del proyecto y obligaría a quienes tengan licencia de conducción vigente a adquirir una póliza de responsabilidad extracontractual asociada directamente al conductor y no al vehículo.
“Nos quieren crear un SOAT 2.0, uno más, otro cobro infame con un mico en el proyecto de ley 227 del año 2025”, afirmó Briceño en un video que difundió por redes sociales.
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De acuerdo con lo que afirmó, la propuesta fue introducida por el senador Julio Alberto Elías Vidal (hermano del Ñoño Elías) y tendría un impacto sobre cerca de 13 millones de colombianos que actualmente cuentan con licencia de conducción activa en el territorio nacional.
“Si se aprueba el proyecto, además del SOAT que pagan los carros y las motos, todos los colombianos deberían pagar otro seguro obligatorio, pero amarrado a la licencia de conducción”, dijo.
¿Qué plantea el proyecto?
Según la explicación que dio el exconcejal, la iniciativa establece una cobertura mínima equivalente a 15 salarios mínimos para conductores de automóviles y de siete salarios mínimos para conductores de motocicletas.
Sin embargo, Briceño, en su video, cuestionó que el mismo proyecto de ley limite el valor anual de la póliza a un porcentaje reducido de la cobertura exigida.
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“Para las licencias de conducción de carro, el proyecto exige una cobertura mínima de 15 salarios mínimos, es decir, 26 millones de pesos. Para las licencias de moto, se exige una cobertura de 7 salarios mínimos, poco más de 12 millones de pesos. Pero al mismo tiempo, el proyecto se contradice y dice que el valor del seguro que le van a cobrar a todos los colombianos no podría superar el 0,5 % de ese valor asegurado”, dijo.
Aseguró que eso ya, en términos reales y en la práctica, terminaría constituyendo una “póliza de papel”. “Un motociclista por tener su licencia de conducción terminaría pagando 367 mil pesos al año extras”, aseguró Briceño. Sobre los conductores de automóviles añadió que “tendrían que comprar un seguro de 786 mil pesos al año”.
Por último, señaló que “es infame que ahora con un mico que mete el senador Julio Elías Vidal, hermano de Ñoño Díaz, en un proyecto de ley solo para ayudar a la seguridad de los conductores, se esté creando una nueva carga que además agravará la situación económica, pero sobre todo terminará castigando a aquellos que tienen carro o moto”.
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Es importante recordar que se trata apenas de un proyecto de ley; hasta el momento no se ha pasado la discusión en el Congreso para ser aprobado.
¿Cuál es la diferencia entre el SOAT actual y el nuevo seguro propuesto?
El SOAT vigente se adquiere por cada vehículo (carro o moto) para cubrir la atención médica de víctimas de accidentes. El seguro propuesto en el proyecto de ley 227 se cobraría de forma individual a cada persona que posea una licencia de conducción activa.
¿A cuántas personas afectaría el proyecto de ley 227 de 2025?
De aprobarse la iniciativa tal como está redactada, la medida afectaría de forma directa a un estimado de 13 millones de colombianos que actualmente tienen su licencia de conducción vigente en las bases de datos del RUNT.
¿Quién radicó el polémico artículo del seguro para conductores?
La propuesta del seguro amarrado a la licencia de conducción fue introducida dentro del articulado por el senador de la República Julio Alberto Elías Vidal, miembro del partido de la U y hermano del excongresista Bernardo “Ñoño” Elías.
¿Ya es obligatorio pagar este nuevo seguro en Colombia?
No. Actualmente la propuesta es solo un proyecto de ley en trámite. Los conductores del país solo están obligados a portar el SOAT tradicional y la revisión tecnomecánica vigentes. El nuevo cobro requiere aprobación mayoritaria en el Congreso.
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