Nuevos tropiezos y decisiones adversas tienen en jaque el polémico aguinaldo del presidente Gustavo Petro, con el que busca excarcelar a procesados por delitos durante el Paro Nacional de 2021, entre ellos, integrantes de la Primera Línea. Por un lado, un juez negó la libertad de dos jóvenes que el Ejecutivo había postulado como voceros de paz; por el otro, la Procuraduría General advirtió irregularidades en la liberación de otros dos jóvenes.

El gran revés fue la decisión de un juez en Popayán que se negó a ordenar la libertad de Álvaro Andrés Duque y Bremmen Hinestroza, quienes habían recibido el beneficio de la libertad condicional por parte del Gobierno para ser gestores de paz. Según el despacho, ambos son procesados por delitos ajenos a la protesta social y se les investiga por invadir predios en el norte de la capital del Cauca.

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Horas antes de esa decisión, la Procuraduría alegó que –en contravía de las promesas del Gobierno–, se dio vía libre a la liberación de dos personas sin el visto bueno de un juez, con el agravante de que no pudo participar como veedora del trámite. La queja está relacionada con la excarcelación de Santiago Márquez Charris y Adriana Bermeo Súa, los primeros jóvenes que recobraron la libertad.

Según el Ministerio Público, en esas diligencias no fueron convocados procuradores judiciales ni pudieron acceder a información de los casos. Sin embargo, el mayor reparo es que las órdenes de libertad no fueron firmadas por un juez de control de garantías. En su lugar –denuncian–, tuvieron el visto bueno de la jueza Lilyan Bastidas, coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, en Bogotá, que tendría un rol más administrativo que judicial.

“Las funciones de esa juez son absolutamente residuales y de trámite, no de carácter judicial. No tenía competencia para emitir estas órdenes. Tampoco hubo la suficiente publicidad y control. Todo se hizo a puerta cerrada, fue una decisión de escritorio, un acto notarial”, alegó Jairo Ignacio Acosta, procurador delegado con funciones mixtas en Asuntos Penales, en declaraciones a medios radiales.

Por estos hechos, la propia procuradora General, Margarita Cabello, radicó una queja ante el Consejo Superior de la Judicatura llamando la atención por aparentes irregularidades. Inclusive, el procurador Acosta sugirió que el asunto podría escalar hasta una revocatoria de la decisión, es decir, que los jóvenes tendrían que volver a ser recluidos.

La posible interferencia en los expedientes penales ya había sido advertida por el fiscal Francisco Barbosa, quien recientemente se reunió con Petro y le expresó que “la única observación que tenía era que toda decisión que se tomara fuera definida por los jueces”.

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Para el abogado César Augusto Vargas, especializado en derecho penal y criminología, la ley de paz total que le da piso jurídico a la excarcelación de los jóvenes no puede ir en contra de la Constitución, que consagra la participación de procuradores en los procesos. “Ellos son los representantes de la sociedad. Tienen funciones de vigilancia y velan por que se cumpla la ley. No citarlos vulnera la separación de poderes y es un irrespeto al ordenamiento jurídico”.

Inclusive, desde el corazón del petrismo hubo fuego amigo por las excarcelaciones. El representante Alirio Uribe, del Pacto Histórico, alegó que la comisión encargada de estudiar los casos de jóvenes que podrían recobrar la libertad “está empantanada” y no se han analizado más nombres de los siete ya propuestos.

No obstante, Uribe –quien ha presentado proyectos de ley para indultar a los capturados– arremetió contra la Procuraduría y alegó que ha pretendido “descalificar el proceso” para las vocerías de paz. De acuerdo con el congresista, “en la ley de Paz Total no se estableció ninguna competencia específica del ente de control. Son los jueces los que tienen que definir cómo se hace el proceso”, explicó.

Estos reparos, que se suman a llamados de autoridades judiciales y estamentos políticos, ponen en entredicho la legalidad del aguinaldo de Petro y ensombrecen su propósito de conseguir una paz total que no se traduzca en impunidad. El desafío persiste para el Gobierno que, además del rechazo en un sector de la opinión pública, ahora deberá hacerle frente a decisiones judiciales adversas.  

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