La Defensoría del Pueblo alertó por el posible regreso de más 7.000 colombiano deportados o retornados de Venezuela a los departamentos del Vichada y Guainía, que podrían convertirse en el mayor éxodo de los últimos tiempos.

“Hacemos un llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades departamentales en Vichada y Guainía para que formulen y activen planes de contingencia debido a una posible deportación o eventual retorno de aproximadamente 7.000 colombianos desde Venezuela”.

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Así lo solicitó el jefe de ente de control, Carlos Camargo Asís, al explicar que los connacionales, de acuerdo con la información recopilada por la Defensoría, están trabajando en las minas de extracción aurífera en el Parque Nacional Cerro Yapacana, estado Amazonas del vecino país.

Sus labores, directas o indirectas, los exponen a la vulneración de los derechos fundamentales a la integridad, libertad, seguridad o vida. Comunidades indígenas, población en condición de vulnerabilidad socioeconómica, mujeres, niñas, niños y adolescentes están en riesgo.

Ante esto, se emitió la alerta temprana 003 del 2023, en la que advierten no solo los peligros para la población civil por posibles confrontaciones armadas en las áreas de explotación minera, sino también lo que podría ocasionar una expulsión masiva de colombianos.

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Las minas de Yapacana, que están relativamente cerca de Inírida, a tres horas vía fluvial, son atractivas para las personas de toda la región de la Orinoquía, pues en esa actividad encuentran un modo de sustento, pese a la presencia de grupos armados al margen de la ley.

De darse una deportación masiva, pasaría a convertirse en el mayor éxodo masivo de las últimas décadas, teniendo como sitios de recepción los departamentos de Vichada y Guainía.

“Las comunidades de los ríos Atabapo y Guainía, el resguardo El Paujil, la ciudad de Inírida, sus áreas no municipalizadas como Cacahual, Puerto Colombia y San Felipe, serían los principales centros receptores de población”, señaló Camargo.

El defensor reiteró que “estos lugares no pueden responder a un éxodo de gran magnitud, no cuentan con las capacidades suficientes. Estaríamos frente a una crisis humanitaria, pues sus habitantes, además, están en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica”.

Por eso, se instó a la Cancillería colombiana a que apele a los mecanismos que sean necesarios para que les sea garantizado el debido proceso y el derecho a la defensa a nuestros connacionales que puedan ser detenidos en el desarrollo de los operativos en Yapacana.

"También le solicitamos al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia eestablecer mecanismos de cooperación que aborden posibles vulneraciones a los derechos de población en movilidad humana en la frontera entre el departamento de Guainía y el estado Amazonas de Venezuela”.

Igualmente, solicitó que den apertura a los consulados en San Fernando de Atapabo y Puerto Ayacucho, como también al consulado de Venezuela en Inírida.

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