Un proyecto de ley radicado en el Senado busca aumentar de 70 a 75 años la edad máxima de retiro forzoso de los servidores públicos.

La iniciativa, presentada por el senador Antonio José Correa Jiménez, establece que quienes cumplan los requisitos para pensionarse podrán retirarse voluntariamente antes de esa edad y plantea reglas para el eventual regreso de funcionarios que hayan sido retirados desde el 1 de enero de 2026.

De ser aprobada, la nueva regla fijaría en 75 años la edad máxima para permanecer en el servicio público, momento en el que se produciría el retiro inmediato, modificando así el artículo 1 de la Ley 1821 de 2016.

El proyecto precisa que la ampliación de la edad no obligaría a los servidores a permanecer en sus cargos hasta los 75 años. Quienes cumplan los requisitos para acceder a la pensión podrían solicitar su retiro voluntariamente en cualquier momento, de acuerdo con las normas vigentes.

La modificación no cobijaría a los funcionarios de elección popular ni a los servidores mencionados en el artículo 1 del Decreto Ley 3074 de 1968. El texto también señala que cumplir 75 años produciría el retiro inmediato y que, una vez ocurrido, la persona no podría ser reintegrada al cargo bajo esa misma disposición.

Según el proyecto, quienes hayan salido del servicio después del 1 de enero de 2026 y antes de la entrada en vigencia de la nueva ley podrían solicitar su reincorporación al cargo que desempeñaban o a otro de igual categoría y funciones.

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Para acceder a esa posibilidad tendrían que cumplir varias condiciones, entre ellas no haber cumplido 75 años al momento de solicitar el regreso, acreditar los requisitos para ejercer el cargo, que exista una vacante que pueda ser provista conforme a las normas de carrera administrativa y función pública, y no estar incursos en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones.

La reincorporación tampoco daría derecho a reclamar salarios, prestaciones sociales o indemnizaciones correspondientes al periodo en que el funcionario permaneció desvinculado.

El senador Antonio José Correa defendió la propuesta como una posibilidad para conservar durante más tiempo la experiencia de servidores públicos que cumplan las condiciones para permanecer en sus cargos, pero aseguró que el proyecto no busca impedir el ingreso de nuevas generaciones.

“El proyecto que radiqué no obliga a ningún servidor público a trabajar hasta los 75 años”, señaló Correa, quien agregó que la iniciativa pretende aprovechar la experiencia y el conocimiento institucional sin cerrar las oportunidades para quienes buscan ingresar al servicio público.

El congresista también reconoció que la edad de retiro forzoso cumple una función de renovación de los empleos públicos y sostuvo que esa discusión deberá hacer parte del trámite legislativo. “Esta no es un cheque en blanco ni una defensa de la permanencia indefinida. Es un proyecto de ley”, afirmó.

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