Los atentados registrados durante el último mes en Cúcuta, su área metropolitana y el Catatumbo evidencian una nueva escalada de violencia en Norte de Santander y ponen a prueba la estrategia de seguridad del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Jorge Mantilla, politólogo y experto en criminología, derecho y justicia de la Universidad de Illinois Chicago, experto en conflicto armado, gobernanza criminal y seguridad, advierte que la región será uno de los principales escenarios para medir el éxito o fracaso de la política de seguridad del nuevo Gobierno.

En entrevista con La Opinión, analiza la ofensiva del Eln, la expansión de la violencia hacia las zonas urbanas y las fallas de inteligencia y coordinación institucional que, a su juicio, dificultan anticiparse a los ataques.

Ya son por lo menos siete los atentados cometidos en el último mes en el área metropolitana de Cúcuta y el Catatumbo, y en su mayoría el Eln se ha responsabilizado de los mismos, ¿cuál es su lectura de lo que está pasando en la región? 

Norte de Santander es uno de los escenarios en los que la estrategia de seguridad de Abelardo de la Espriella medirá su éxito o fracaso por tres razones. En primer lugar, dados los antecedentes, en particular la crisis humanitaria de 2025, la región ofrece la posibilidad de demostrar que este gobierno puede, efectivamente, lograr lo que no lograron los gobiernos anteriores.

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En segundo lugar, no hay que perder de vista que el ministro de Defensa es oriundo de la región, y considero que ahí se juega un punto de honor y una causa personal. En tercer lugar, cualquier estrategia exitosa contra el narcotráfico debe pasar necesariamente por el Catatumbo, uno de los tres principales enclaves de cultivos de uso ilícito en el país. La escalada de la violencia es inminente. 

¿Cuáles son las claves para entender el mensaje de ese grupo armado?

El Eln no tiene opciones. El alineamiento del nuevo gobierno venezolano con los Estados Unidos, así como las operaciones conjuntas que se anticipan en Colombia, lo sitúan en una posición que lo obligará a pelear. Lo relevante es la manera en que lo hará. Acá veo una combinación compleja entre atentados terroristas, ataques tipo enjambre con drones y, muy seguramente, la instrumentalización de la sociedad civil. 

El primero de agosto el ataque fue contra el comando de Policía de Norte de Santander, contiguo a la central de abastos más grande de Cúcuta, el martes, en la vía principal que comunica a Los Patios con Pamplona, ¿qué cambia cuando el conflicto se traslada de la zona rural y se apodera directamente el área metropolitana de Cúcuta?

Hoy asistimos a una convergencia de diversas dinámicas. Convergencia entre economías ilícitas,  entre lo urbano y lo rural, y entre organizaciones delincuenciales y grupos armados. En el pasado hemos visto cómo la disputa por la zona rural de Cúcuta puede tener implicaciones directas en la violencia en algunas comunas de la ciudad, o cómo las disputas por las trochas en la frontera repercuten en la violencia en la cárcel o en las ollas del microtráfico. Estamos ante un ecosistema criminal, adaptativo y complejo. Por eso es tan importante que los denominados Bloques de Defensa Urbana, anunciados desde el gobierno nacional como punta de lanza de la estrategia de seguridad ciudadana, tengan en cuenta esa convergencia y, además, incorporen lógicas de prevención de la violencia y de contención del impacto humanitario. 

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¿Estamos ante una estrategia de urbanización del conflicto en Norte de Santander?

Esa urbanización del conflicto en Norte de Santander se dio hace muchos años, ya sea a partir de la incursión paramilitar o del atentado en Alejandría en el 2002. Lo que está sucediendo, a mi juicio, es que las organizaciones delincuenciales con presencia en el área metropolitana de Cúcuta tienen mayores incentivos para ejercer la violencia homicida si no hay una respuesta efectiva desde el punto de vista la investigación judicial y que tienen mayor capacidad de hacer daño debido al acceso que tienen a otro tipo de armamento. 

La Defensoría del Pueblo dijo que ya había alertado sobre la difícil situación de seguridad que se vive tanto en Cúcuta como en Puerto Santander, Villa del Rosario y Los Patios, aun así, el Eln volvió asestar un duro golpe. Lo de Los Patios, ¿es una falla de inteligencia? ¿Se pudo prevenir? 

Uno de los mayores desafíos que tiene la credibilidad de la estrategia de seguridad del nuevo gobierno es justamente ese; responder de manera efectiva a las alertas del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. En la actualidad, a pesar de contar con una arquitectura institucional, el Sistema es, sobre todo, una serie de recomendaciones y compromisos que quedan en el papel. Por definición, un atentado terrorista es una acción que tiene un gran impacto mediático y un bajo costo militar para quien la ejecuta y, por tanto, resulta difícil de prevenir. Lo cierto es que si el Gobierno nacional es consciente de que su “ofensiva total” tendrá una respuesta de estas características, debería desplegar mayores capacidades o llamar a un acuartelamiento de primer grado. 

¿Puede ser posible que ante el debilitamiento que tuvo la Fuerza Pública en el gobierno pasado, bajo el pretexto de la ‘Paz total’, no se esté obteniendo información de las estructuras armadas o que la información existente no está siendo procesada adecuadamente?

Acá el problema es peor de lo que parece. Colombia no cuenta hoy con una comunidad de inteligencia consolidada. La DNI, que debería articular  esa comunidad de inteligencia alrededor de instancias como el Consejo de Seguridad Nacional o la Junta Conjunta de Inteligencia, como lo ordena la Ley de Inteligencia (1621 de 2013), está completamente desprestigiada, a tal punto que el nuevo gobierno no ha nombrado director y aún no sabe si liquidarla y crear otra o simplemente hacer una reforma profunda. Esto quiere decir que el problema no es tanto de información como de la fragmentación de esta entre diferentes entidades, lo que impide definir acciones anticipatorias. Gran parte de lo que hacemos hoy en inteligencia es reactivo o no supera el plano operacional, en el que la inteligencia se pone al servicio de la política de objetivos de alto valor. 

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¿Hay fallas en la coordinación entre inteligencia militar, Policía, Fiscalía y las autoridades locales?

Si no se comparte información entre organismos de inteligencia, soy escéptico de que lo hagan con las autoridades civiles. Por ello, es importante consolidar sistemas departamentales o regionales de seguridad a través de los cuales los gobernadores puedan articular las escasas capacidades y recursos con los que hoy cuentan los municipios para diseñar estrategias más integrales y coherentes con el carácter diferenciado del conflicto en las distintas regiones del país. El Valle del Cauca ha logrado avances muy importantes y es un modelo que debería replicarse en otros departamentos, como el de Norte de Santander. 

¿Estos atentados podrían estar relacionados con retaliaciones por operaciones recientes de la Fuerza Pública o decisiones del presidente?

Desde luego, así lo anuncia el Eln en un comunicado del 2 de septiembre en el que, además de atribuirse el atentado, lo justifica como una respuesta al viraje de la política de paz y de seguridad del Gobierno nacional. 

¿Qué debe cambiar en adelante en la estrategia de seguridad en el área metropolitana de Cúcuta?

El uso de la fuerza es necesario, pero no suficiente. Es importante destacar que, sin la voluntad política del presidente, no hay estrategia de seguridad que pueda ser exitosa. Hoy tenemos un presidente con voluntad política y eso es determinante para lo que viene en estos cuatro años. Ahora bien, el uso de la fuerza por sí mismo, no es una estrategia, por lo que esperaría que en los próximos meses el presidente le diera a conocer al país los ejes fundamentales de la nueva política de seguridad. Allí deberemos tener más claridad sobre aspectos que, para Norte de Santander, son críticos: la seguridad fronteriza, el lavado de activos y las economías ilícitas, o las estrategias de intervención territorial y fortalecimiento del Estado local que deberían suceder a las operaciones militares y a los anuncios de bajas, capturas e incautaciones a los que, mal o bien, el país ya está acostumbrado.

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