El pasado 24 de agosto, el Ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, detalló cómo se calculó la Unidad de Pago por Capitación (UPC) usando datos de las EPS y abogó por la igualdad entre regímenes de salud.
Para 2023, la UPC aumentó un 16.23%, reflejando un compromiso de fortalecer el sistema. Jaramillo afirmó que el gobierno intervendría en caso de que clínicas privadas cierren, comprometiéndose a abrir hospitales para asegurar atención continua.
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También recalcó que el margen de la UPC tiene en cuenta tanto la inflación como los posibles costos adicionales.
Por su parte, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) respondió alegando insuficiencias en la UPC, incrementos mayores en costos médicos y una disminución en los Presupuestos máximos.
Acemi abogó por el giro directo en servicios y enfatizó la necesidad de valorar todas las atenciones. Ambos lados coinciden en abordar desafíos, pero difieren en cómo resolverlos en un sistema que brinda 2.5 millones de atenciones diarias.
Paul Rodríguez, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario y experto en economía de la salud, habló con Colprensa sobre la situación financiera que enfrenta el sistema de salud colombiano.
Rodríguez compartió sus preocupaciones sobre el desafío de abordar la creciente demanda de servicios médicos y la disponibilidad limitada de recursos para atender esta necesidad.
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Planteó que, a pesar de los esfuerzos presupuestarios generosos por parte del gobierno para financiar la salud, existe un desajuste entre la cantidad de recursos disponibles y la cantidad de servicios médicos requeridos por la población y que el aumento constante en el valor de los servicios médicos superó los incrementos presupuestarios, lo que podría potencialmente llevar a un desfinanciamiento del sistema.
El experto explicó que, a pesar de los estudios realizados para determinar la suficiencia de la UPC, la incertidumbre inherente al sistema de salud y la variabilidad de la demanda de servicios médicos pueden dar lugar a discrepancias entre las proyecciones y la realidad.
Además, destacó que la idea de girar directamente los recursos a los prestadores de servicios podría tener implicaciones significativas, ya que gran parte del trabajo necesario para garantizar una atención médica adecuada está detrás de las EPS.
Las EPS en riesgo son de alto rendimiento en enfermedades costosas como el cáncer y la hemofilia. Aunque el gobierno minimice la alerta de cierre de operaciones, Rodríguez advirtió que esta situación podría generar una crisis real, debido a que las EPS tendrían que recortar servicios y ralentizar la atención médica para compensar los costos.
El debate gira en torno a la visión gubernamental de las EPS como intermediarias financieras, una perspectiva que Rodríguez considera reduccionista. Además de administrar los recursos, las EPS desempeñan un papel crucial en la toma de decisiones sobre financiamiento y priorización de servicios.
Rodríguez señaló que el problema fundamental es la insuficiencia de recursos. Aunque el gobierno destinó esfuerzos presupuestarios generosos, los valores que las EPS deben pagar por los servicios médicos están aumentando más rápido que el financiamiento gubernamental.
Finalmente, según el experto, esto plantea la necesidad de priorizar servicios y establecer reglas sólidas para elementos como los presupuestos máximos y las atenciones fuera del Plan de Beneficios en Salud (PBS).
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