La primera infancia en Colombia enfrenta un riesgo constante debido a los ataques y actos de violencia que sufren. A pesar de los esfuerzos de las autoridades para crear entornos seguros, persisten factores de riesgo que, en muchos casos, resultan mortales.
Como respuesta a esta crisis y para reducir las alarmantes cifras de violencia contra niños y niñas, el Ministerio de Justicia busca eliminar el principio de oportunidad del proyecto de reforma a la justicia para quienes sean señalados de atentar contra la infancia.
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Desde el Chocó, donde se celebra el XXVII Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria que reúne a la cúpula de la justicia en el país, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, confirmó esta propuesta. Además, señaló que se están explorando figuras alternativas para incentivar la colaboración de los criminales.
“Existe otra figura que puede ser interesante, como el preacuerdo, donde el capturado, detenido o acusado proporciona información sobre otros partícipes, redes, incluso transnacionales, lo que genera un beneficio para la justicia,” dijo la ministra.
La Corte Suprema de Justicia había advertido que, pese a tratarse de delitos contra niños y niñas, los responsables podían acceder al beneficio del principio de oportunidad, lo que incluye reducción de penas y otros alivios.
“(...) No existe un derecho de los niños, niñas y adolescentes que colisione con la posibilidad de que los reclusos alcancen la resocialización mediante actividades que también les generen redención de la pena que cumplen,” apuntó la Corte.
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Esta interpretación se basa en el artículo 103A del Código Penitenciario (Ley 65 de 1993), que convirtió este mecanismo en un derecho exigible, mientras que el artículo 102 obliga a las autoridades judiciales a concederlo.
El principio de oportunidad fue incluido en la reforma a la justicia con el argumento de que podía estimular la entrega de información valiosa. Toda vez que se observó que, sin beneficios, los criminales no aportan material útil en las investigaciones.
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Ante esta situación, la ministra insistió en que se buscarán otras figuras para eliminar definitivamente el principio de oportunidad.
En la legislación colombiana, el principio de oportunidad permite rebajas e incluso inmunidad total a quienes estén siendo investigados por una conducta penal.
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