El 10 de diciembre de 2004, Salvatore Mancuso gozó por última vez de la libertad. Ese día se entregó a la justicia a través de un proceso masivo de desmovilización y desde entonces estuvo tras las rejas en Colombia y Estados Unidos.

Hoy, 20 años después, el temido exjefe paramilitar vuelve a ser un hombre libre. Se trata de una de las noticias más importantes de la historia del conflicto y la guerra en el país, tan padecida como sufrida.

Mancuso pese a ser el líder de máquinas de guerra, cerebro de macabros planes de exterminio, determinador de innumerables desplazamientos, homicidios, violaciones a los derechos humanos y fundador del sanguinario paramilitarismo, obtuvo su pase a la libertad gracias a los beneficios que puso a su alcance el Gobierno de Gustavo Petro. Lo nombró gestor de paz cuando aún era reo en una cárcel de Estados Unidos donde pasó más de 17 años por narcotráfico.

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Esa designación legalizó la logística para que Mancuso pasara de estar en una cárcel gringa a pasearse por las calles de Colombia como mediador de paz, entre los grupos paramilitares que adoptaron sus viejas prácticas y el Gobierno Nacional.

Sin más, fue deportado el pasado 27 de febrero; se pensó inicialmente que sería cuestión de uno o dos días, mientras surtían los trámites legales, para que quedara en libertad. Sin embargo, no fue así.

Resulta que en las primeras audiencias en las que reclamaba la libertad, apalancado en el decreto que lo convirtió en gestor de paz, Mancuso se encontró con magistrados de Justicia y Paz que le recordaron las deudas pendientes con miles de víctimas en el país. Tenía más de 60.000 hechos criminales por los que aún no había respondido.

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Y así se le fueron pasando las semanas, preso en La Picota y en audiencias donde un tribunal le daba la libertad y el siguiente se la negaba. Entró en un laberinto jurídico de decisiones contrarias, pero que de manera calculada junto con sus abogados logró salir avante. Una estrategia de recursos, aclaraciones, solicitudes y más, además de la modesta presión del Gobierno, surtieron el efecto esperado de la excarcelación.

Aunque hubo muchas decisiones encontradas y no todas en el mismo sentido, la definitiva la emitió el pasado 4 de marzo una jueza de Justicia y Paz. En ese momento la magistrada, por petición de la defensa, acumuló todos los procesos que mantenían a Mancuso en La Picota, y profirió fallo a su favor.

Sustituyó las 57 medidas de aseguramiento por medidas “no privativas de la libertad”. Además, ordenó al Inpec expedir la debida boleta de salida. Eso, sin embargo, no fue inmediato. El Inpec se tomó más de dos meses para remitir 31 oficios a los despachos judiciales entre Fiscalías, Juzgados, Tribunal Superior, Unidad Nacional de Lavado de Activos, Justicia Transicional, Derechos Humanos y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que cada uno informara si tenían algún pendiente con el ahora gestor de paz o en su contra proferidas medidas de aseguramiento.

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Una vez fueron allegadas todas las respuestas y notificaciones, el Inpec procedió con el trámite de libertad.

Salió del centro penitenciario custodiado por un esquema de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) de cuatro camionetas blindadas y varios escoltas, quienes deberán garantizar la vida y seguridad del exjefe de los paramilitares.

Según sus abogados, el primer encuentro de Mancuso, como hombre libre, fue con su familia. Se prevé que se radique en la ciudad de Medellín como ordenó la juez que le acumuló procesos y concedió la libertad. No podrá desplazarse a las zonas donde tuvo injerencia criminal.

“Esa restricción en su caso concreto tiene en cuenta no solo el rol que tuvo Mancuso en las Autodefensas Unidas de Colombia, donde está documentado que fue uno de sus fundadores, líderes y comandantes”, dijo la magistrada.

Entre estas regiones están Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, César, Magdalena, Norte de Santander y La Guajira. Además, de los municipios de San Pedro de Urabá, Necoclí, Ituango, Arboletes y Apartado.

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