La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Laura Sarabia, considerada como la mano derecha del presidente Gustavo Petro, fue mencionada en el escándalo de la Ungrd por la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz.
En el escrito radicado en la Fiscalía, el abogado Jorge Mario Gómez, actuando como apoderado de Sarabia, presenta los hechos en los que Sandra Ortiz presuntamente habría injuriado y calumniado a la funcionaria del Gobierno.
La declaración sucedió este 18 de diciembre, cuando Ortiz dijo: “Yo misma denuncié la corrupción de los carrotanques. Después de que la periodista Paula Bolívar denunció 30 carrotanques, a mí me avisaron de 10 más. Y además yo generaba unas alertas mensualmente donde yo también avisé en ese momento a Laura Sarabia de 10 carrotanques más”.
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Sarabia, a través de la red social X, se defendió: “Liderar un complot: cumplir con todos los requerimientos judiciales que me han hecho las autoridades como directora del Dapre para entregar información. Mi ingreso al Dapre fue el 28 de febrero de 2024, y uno de mis primeros actos, acordados con el presidente, fue pedir la renuncia al director de la Ungrd e indicarle que debía suspender toda la contratación, mensajes que constan en chat en el mes de febrero”.
Y agregó: “He cumplido mi labor como funcionaria pública, pero entiendo que el que las hace se las imagina”.
El abogado Gómez publicó en redes sociales la ampliación de la denuncia: “hemos denunciado penalmente a Sandra Ortiz. Su intervención ante una juez de la República fue un acto descarado de obstrucción y complot, lleno de acusaciones falsas y absurdas como conspirar con la Fiscal y la Procuradora (sic)”.
“Este comportamiento no solo demuestra un dolo evidente, sino una total ausencia de freno moral o legal para actuar en contra de la justicia. Esta denuncia será incluida en el expediente de la audiencia de hoy, como evidencia irrefutable para que los jueces valoren su capacidad de obrar de manera ilegal”, agregó el litigante.
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Ortiz ya está imputada por su aparente responsabilidad en los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. La jueza insistió en que la mujer debe estar privada de la libertad porque podría interferir en la investigación o alterar o destruir pruebas.
En principio, la exfuncionaria del Gobierno iba a ser trasladada hasta la cárcel El Buen Pastor, pero sus abogados solicitaron un centro de detención distinto a las rejas de la prisión. Ortiz será reseñada en el centro judicial de Paloquemao y, de momento, estará bajo la custodia de la Policía. Es probable que después sea trasladada hasta el Cantón Norte de Bogotá, donde, al parecer, hay unos cupos disponibles.
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